Hace una semanas, veía la luz una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (Procedimiento Nº: PS/00334/2019) , en el que se imponía una sanción de 10.000 €uros a un particular por “publicar en su estado de WhatsApp fotografías intimas y capturas de conversaciones del reclamante y de una tercera persona (…), siendo publicadas sin su conocimiento, ni consentimiento tras haberle sido sustraídas de un pendrive que le ha desaparecido.”

Tras estimar la reclamación e iniciar procedimiento sancionador, la AEPD, estima que se ha producido una infracción de artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos relativo a la licitud del tratamiento al haberse utilizado las fotografías sin consentimiento del interesado.

La Agencia, tras valorar entre otras cosas: La ausencia de vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal. El reclamado es una persona física, decide imponer la mencionada sanción conforme a los artículos 83.1 y 83.2 del RGPD y el artículo 76 de la LOPDGDD.

Esta resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, ha resultado polémica por la aplicación directa del RGPD a un particular.

Si bien es cierto que la Agencia Española de Protección de Datos, ya ha sancionado en otras ocasiones a particulares por “usar, grabar y compartir imágenes por whatsapp” al considerar que estas acciones constituyen un tratamiento de datos. Se ha planteado por diversos profesionales una cuestión interesante sobre si la vía jurídica correcta para perseguir o evitar ese tipo de uso de imágenes sin consentimiento o sin autorización del titular es acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, como órgano administrativo, o si bien la forma correcta de proteger este uso ilegítimo de la imagen sería acudir a juzgados y tribunales.

A este respecto, en España la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, ya dispone en su artículo primero que el derecho a la propia imagen “será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley Orgánica. Cuando la intromisión sea constitutiva de delito, se estará a lo dispuesto en el Código Penal”

Esta norma indica que no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en la protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso.

Y en su artículo séptimo enumera los casos considerados como intromisiones ilegítimas.

Todas las normas citadas (RGPD, LOPDGDD y Ley Orgánica 1/1982) establecen claramente los requisitos para la legitimidad del uso de imágenes, y en concreto que esta legitimación debe ser el consentimiento o autorización.

Mediante esta resolución la AEPD (aunque parta de la competencia a un órgano de la administración conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) ha querido proteger los derechos fundamentales del interesado, y en concreto el derecho a la intimidad personal recogido en el artículo 18 de nuestra Constitución, estimando tener competencia para ello en vía administrativa.

Equipo de Govertis