Cesión de datos del Padrón municipal al Juzgado de Paz

A lo largo del presente artículo se plantea la consulta sobre si resulta conforme a la normativa en materia de protección de datos, facilitar datos de carácter personal contenidos en el Padrón municipal de habitantes a solicitud de otras Administraciones Públicas, más en concreto al Juzgado de Paz del municipio.

De acuerdo con el Informe 0169/2009 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) las comunicaciones de datos de carácter personal objeto de la consulta implican un supuesto de cesión de datos de carácter personal entre organismos públicos, regulado, anteriormente, el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (AHORA: Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos; y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).

Dicho precepto se vio afectado por la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, indicando la redacción resultante de la anulación parcial del mismo que “los datos de carácter personal recogidos o elaborados por las Administraciones Públicas para el desempeño de sus atribuciones no serán comunicados a otras Administraciones Públicas para el ejercicio de competencias diferentes o de competencias que versen sobre materias distintas, salvo cuando la comunicación tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos”. Es por ello que, la presente cesión sólo será posible cuando cedente y cesionario desempeñen unas mismas competencias o exista una norma con rango de Ley habilitante para la cesión.

En otro orden de cosas, debemos analizar, en primer lugar, la finalidad prevista en la propia normativa de régimen local atendiendo a los usos del Padrón que, tal y como dispone el artículo 16.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, es la de servir de registro administrativo donde consten los datos referidos a los vecinos del Municipio, constituyendo prueba de la residencia en el Municipio y el domicilio habitual.

De ello la AEPD considera que, el uso que la corporación haga de los datos contenidos en el padrón, incluidas las autorizaciones para poder acceder a su consulta, deberá circunscribirse a las funciones relacionadas estrictamente con las indicadas por la Ley. Cualquier otra utilización de los datos para un fin distinto supondrá una cesión o comunicación de los mismos que, tras lo establecido en la citada Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre, deberá contar con el consentimiento del afectado o encontrar cobertura en alguna de las excepciones contenidas en el artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, entre las que debe reseñarse, a los efectos del presente informe, la posibilidad de que exista una norma con rango de Ley habilitadora de la cesión.

Asimismo, la misma Agencia ha establecido que la expresión «datos del Padrón municipal» que se emplea en el artículo 16.3 de la LBRL se refiere únicamente a los datos que en sentido propio sirven para atender a la finalidad a que se destina el Padrón municipal: la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio. Por ello, cualquier comunicación o cesión de los datos del Padrón deberá fundarse en la necesidad por la Administración cesionaria, en el ejercicio de sus competencias, de conocer el dato del domicilio de la persona afectada, dado que del artículo 4.2 de la Ley se deriva la imposibilidad del tratamiento de los datos para fines diferentes de los que motivaron su recogida, salvo que así lo consienta el afectado o la Ley lo prescriba. Por ello, en la petición de datos padronales será necesario acreditar la relevancia en determinar la residencia o el domicilio del interesado, coincidiendo con las finalidades legalmente establecidas y que se han señalado con anterioridad. En resumen, este análisis supone que, si la solicitud de cesión de datos realizada por una Administración Pública no corresponde con las finalidades atribuidas al Padrón de Habitantes, se deberá determinar la denegación de la petición.

Ahora bien, ¿qué ocurre si el Juzgado de Paz solicita una copia del Padrón municipal de habitantes, a efectos de llevar a cabo las citaciones que desde el Juzgado se realizan? Para este caso concreto debemos acudir al Informe 0399/2010 de la AEPD.

En el presente supuesto se analiza la solicitud de copia del Padrón, con objeto de realizar por parte del Juzgado de Paz la práctica de citaciones, debiendo acudirse, por tanto, a lo previsto respecto de los actos de comunicación judicial en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El artículo 155 de dicha norma dispone en cuanto a la comunicación con las partes que:

“1. Cuando las partes no actúen representadas por procurador o se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, los actos de comunicación se harán por remisión al domicilio de los litigantes. En la cédula de emplazamiento o citación se hará constar el derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el plazo para solicitarla.

2. El domicilio del demandante será el que haya hecho constar en la demanda o en la petición o solicitud con que se inicie el proceso. Asimismo, el demandante designará, como domicilio del demandado, a efectos del primer emplazamiento o citación de éste, uno o varios de los lugares a que se refiere el apartado siguiente de este artículo. Si el demandante designare varios lugares como domicilios, indicará el orden por el que, a su entender, puede efectuarse con éxito la comunicación.

Asimismo, el demandante deberá indicar cuantos datos conozca del demandado y que puedan ser de utilidad para la localización de éste, como números de teléfono, de fax o similares.

El demandado, una vez comparecido, podrá designar, para sucesivas comunicaciones, un domicilio distinto.”

Respecto a las averiguaciones del tribunal sobre el domicilio, el artículo 156 de la citada Ley establece lo siguiente:

“1. En los casos en que el demandante manifestare que le es imposible designar un domicilio o residencia del demandado, a efectos de su personación, se utilizarán por el Secretario judicial los medios oportunos para averiguar esas circunstancias, pudiendo dirigirse, en su caso, a los Registros, organismos, Colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el apartado 3 del artículo 155. Al recibir estas comunicaciones, los Registros y organismos públicos procederán conforme a las disposiciones que regulen su actividad.

2. En ningún caso se considerará imposible la designación de domicilio a efectos de actos de comunicación si dicho domicilio constara en archivos o registros públicos, a los que pudiere tenerse acceso.”

Obligación ésta a la que también da cobertura lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, según el cual “Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la Ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la Ley.”

En este sentido, podemos considerar que ni la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ni la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, autorizan la cesión masiva de los datos personales contenidos en el padrón municipal, excepto en los supuestos en que la cesión sea “necesaria” para el ejercicio de sus respectivas competencias, en tanto que la necesidad, en este caso, se circunscribe a los datos del domicilio de las partes o personas que deban intervenir en un concreto proceso cuando dicho domicilio se desconozca.

De este modo, las previsiones a que se ha venido haciendo referencia son acordes con el principio de minimización previsto en el artículo 5.1.c) del RGPD: Los datos personales serán adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos»).

De acuerdo con lo señalado por la AEPD, la cesión del dato del domicilio de los vecinos al Juzgado de Paz con la finalidad de comunicarse con ellos solamente resulta ajustada en el marco de un determinado proceso cuando se trate de vecinos que sean parte en el mismo o terceros que deban intervenir en él. En consecuencia, la entrega de los datos del domicilio de la generalidad de los vecinos de un municipio o de datos contenidos en el Padrón distintos del domicilio, incumple los criterios de adecuación, pertinencia y ponderación en relación con la finalidad pretendida.

En definitiva, no procede la entrega de una copia del Padrón municipal al Juzgado de Paz, por resultar contraria al principio de minimización previsto en el RGPD, sin perjuicio de que en cumplimiento de los preceptos antes señalados deba comunicarse a aquél, cuando así lo requiera en el curso de un proceso, con la finalidad de comunicarse con alguna persona que sea parte o deba intervenir en el mismo, el dato relativo a su domicilio.

Equipo Govertis

Cumplimiento de la protección de datos en el ámbito de la atención sociosanitaria

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) publicaba recientemente el ‘Plan de Inspección de oficio de la atención sociosanitaria’, donde analiza por primera vez los tratamientos que se llevan a cabo en este ámbito e investiga su adecuación a la normativa de protección de datos con el fin de obtener una visión integral que permita detectar deficiencias. Entre las RECOMENDACIONES que realiza se destacan las siguientes:

Información al usuario

• Debe ser concisa y con un lenguaje claro, de acuerdo con la capacidad de comprensión del destinatario de la información.
• Preferiblemente, en capas. La primera capa deberían ser carteles informativos sencillos ubicados en zonas de acceso a los centros, junto con las leyendas informativas insertas en todos los formularios de recogida de datos personales. En esta primera capa se pueden incluir referencias a otras capas de información más detallada, a las que el usuario deberá tener accesibilidad inmediata.

 Base jurídica

• Para cada actividad de tratamiento que se realice hay que identificar su base jurídica, que será una o varias de las recogidas en el 6 del RGPD en conjunción con las condiciones de tratamiento previstas en el art. 9.2.h) del RGPD.

Compartición de datos personales y perfiles de acceso

• Se debe minimizar la compartición de datos personales entre profesionales a lo estrictamente necesario, sin mermar la atención sociosanitaria. No es válido permitir un acceso total a los datos de los usuarios a todos los profesionales que intervienen en la atención.
• Se deben elaborar perfiles de acceso que consideren las necesidades de información de cada profesional, desde el diseño de las aplicaciones, aplicando por defecto los privilegios de acceso mínimos necesarios para prestar la atención al usuario. Se debe realizar auditoría de los accesos.

Compromiso de confidencialidad

• Todos los empleados que traten datos personales de los usuarios deben suscribir un compromiso de confidencialidad.
• En todos los contratos de encargado de tratamiento, si los hubiere, deberá establecerse como obligatorio la firma del compromiso por parte de los empleados del encargado, siendo deseable que el modelo de compromiso concreto conste anexo al contrato de encargo.

 Documentos en papel

• Se debe evitar que los documentos en papel se encuentren dispersos en diferentes ubicaciones del centro.
• Su traslado debe realizarse con las suficientes medidas de seguridad (custodiados en todo momento y en sobre cerrado).
• Se deben crear procedimientos seguros para el traslado de la documentación y su almacenamiento, con mecanismos que impidan su acceso a personas no autorizadas.

 Usuarios genéricos

• No se deben utilizar usuarios genéricos, cuya utilización se comparte entre varios empleados, para el acceso a datos de carácter personal, ni de carácter básico ni de categorías especiales, ya que ello supone una vulnerabilidad de seguridad.

 Facilitar información a familiares

• Debe recabarse el consentimiento del usuario para facilitar información a familiares sobre su estancia o ubicación en el centro, así como de su estado de salud.
• En caso de urgencia vital o si la presencia de personas vinculadas al usuario por razones familiares o de hecho pudiera ser esencial para la debida atención del usuario, siempre y cuando el paciente no se haya opuesto a que dicha información sea facilitada, el centro puede informar si la persona se encuentra ingresada y su ubicación, sin indicar datos de categorías especiales o sobre la atención prestada.

 Utilización de fax o correo electrónico sin cifrar

• No se debería utilizar el fax ni el correo electrónico sin cifrar para la remisión de documentación que contenga datos personales de categorías especiales, como pueden ser datos de salud u otros datos como informes sociales, psicosociales o de evaluación.

 Contratos de encargo de tratamiento

• Deben especificar todas las obligaciones estipuladas por el RGPD, que deben ser consideradas y cumplidas durante la contratación, estableciendo los mecanismos necesarios para ello.
• En los contratos de prestación de servicios sin acceso a datos personales se debe prohibir expresamente el acceso a los mismos, e informar a los trabajadores de dicha prohibición. En el contrato deben considerarse también posibles accesos accidentales o fortuitos, con un compromiso de confidencialidad.

Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos

• La Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) es obligatoria para los nuevos tratamientos de los centros sociosanitarios, al presentarse datos de categorías especiales en número suficiente, considerando además la vulnerabilidad de sus usuarios y entendiendo que supone un alto riesgo para los derechos y libertades de estos.

Además de estas recomendaciones, el documento recoge una serie de PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES con las dudas generadas a lo largo de su ejecución. Entre ellas, destacamos:

• En un centro sociosanitario, ¿es posible cancelar determinados datos de un usuario a petición suya? Por ejemplo, datos de tipo social, como que sus hijos no le visitan, considerados imprescindibles para prestar la debida atención al reflejar los apoyos familiares.

Al no ser el consentimiento la base jurídica del tratamiento no cabe la revocación del consentimiento ni la oposición al tratamiento, por lo que la solicitud debe ser contestada motivando las razones por las cuales no se cancelan los datos. Una cautela apropiada podría ser marcar estos datos como confidenciales, estableciendo mecanismos para que solo sean consultados cuando sea estrictamente necesario y advirtiendo mediante un mensaje de su carácter especialmente sensible en cada uno de los accesos.

• En caso de órdenes de alejamiento relacionadas con un usuario del centro, ya sea por malos tratos, acoso, violencia de género… ¿es posible informar de ello a todos los empleados del centro, incluidos los que no tienen acceso a datos de carácter personal, como puede ser empleados de contratas de limpieza?

La información debe trasladarse a todo el personal que tenga la función de identificar visitas y tomar decisiones sobre las mismas. Hay que tener en cuenta que todo el personal, con y sin acceso a datos personales, debería tener suscrito un compromiso de confidencialidad.

• Si un organismo como un Juzgado solicita datos de categorías especiales de un usuario del centro, como datos de salud, vía un medio de comunicación que se puede considerar inseguro, tal como el fax o correo electrónico sin cifrar, ¿se debe dar curso a la solicitud?

Desde una perspectiva de protección de datos, no se debería utilizar el fax para remitir documentación que contenga datos de categorías especiales. Se debería poner de manifiesto al organismo en cuestión que en la actualidad existen otras vías, sencillas, igual de rápidas y más seguras, como por ejemplo el correo electrónico cifrado, acordando con el organismo el envío de forma segura de la documentación citada.

• En los puestos de guardia, o puestos donde se realizan pruebas médicas, donde se establecen turnos y hay equipos en funcionamiento las 24 horas por necesidades del servicio, ¿es posible compartir el usuario del sistema de información para evitar salir y entrar del sistema?

No se debe compartir la utilización del usuario, ni desvelar la clave de acceso asociada a ningún empleado, compañero o tercera persona. Tampoco deben utilizarse usuarios genéricos compartidos. Cada empleado, cuando comienza su jornada, debe iniciar sesión con su usuario y cerrarla al terminar.

• ¿Es posible colocar carteles con nombres y apellidos de los usuarios de un centro en las puertas de sus habitaciones con el objetivo de que no se extravíen o entren por error en otra habitación que no es la suya, así como para facilitar las visitas? ¿Y colocar carteles en las mesas del comedor con la identificación (nombre y apellidos o fotografía) del usuario y sus alergias, disfagias, u otras características de especial relevancia durante la comida?

Se deberá valorar la necesidad de identificar a los pacientes, considerando otras medidas menos intrusivas para la privacidad que puedan existir y que ofrezcan garantías de seguridad equivalentes. Así, por ejemplo, en lugar de colocar un cartel con el nombre y apellidos del usuario en la puerta de su habitación, disponer el número de la habitación en una ficha o distintivo portado por el usuario. Respecto a la información, deberá ser la mínima necesaria que permita la administración segura de los alimentos o medicamentos, valorándose positivamente otras alternativas que permitan que la información esté exclusivamente a disposición de los trabajadores del comedor que lo necesiten, sin mantenerse expuesta a toda la concurrencia.

Equipo Govertis

La quinta generación y su impacto en la privacidad

Los teléfonos móviles nos acompañan desde hace mucho tiempo, su uso está presente en prácticamente todas las actividades sociales y laborales, y su evolución ha ido creciendo a pasos agigantados. Recientemente, la AEPD ha publicado una nota técnica relativa a las tecnologías 5G de comunicaciones móviles y de los riesgos para la privacidad que pueden conllevar implícito tanto esta tecnología, como otras que hagan uso de ella. A continuación, analizaremos dicho documento.

¿Qué es la tecnología 5G?

Los avances en telefonía móvil se describen en forma de generaciones. 5G significa quinta generación y es una evolución de los protocolos 4G. La tecnología 5G implica muchas mejoras en estos dispositivos (mayor velocidad, mejor conexión, virtualización, etc.), es el paso definitivo hacia el internet móvil. Actualmente las empresas de telecomunicación están desarrollando sus prototipos, ya que para poder desplegar la tecnología 5G será necesaria una renovación tecnológica que implicará grandes cambios.

¿Qué riesgos supone para la privacidad?

Con la llegada de la tecnología 5G aparecen nuevas funcionalidades, pero a su vez nuevas amenazas, además de las que ya estaban presentes en otras generaciones.  Desde que internet llegó a los teléfonos, todas las amenazas de la red se trasladaron a dichos dispositivos.

Respecto a la quinta generación, muchos riesgos ya presentes se verán aumentados, como es el caso de la geolocalización, que podrá ser más precisa gracias al aumento de estaciones y la menor distancia entre ellas. También crecerán los ciberataques, ya que asciende la exposición a estos por el incremento de conexiones y de puntos de entrada, cuantos más dispositivos se conecten a una red, más puntos potenciales de vulnerabilidad se crearán.

Otro riesgo asociado a esta nueva generación es el perfilado y las decisiones automatizadas que, debido al incremento en cantidad y categoría de datos circulando por la red, así como a un mayor número de dispositivos conectados por 5G (IoT), se podrá conseguir una individualización más precisa y se podrán desplegar servicios que permitan la toma de decisiones automáticas sobre las personas.

Además, crecerá el número de sujetos que participen en el tratamiento (fabricantes, operadores de red, proveedores de servicios, etc.), y podrá suponer un problema en cuanto a la asignación de responsabilidades en el tratamiento de datos y en carecer de un modelo homogéneo de medidas de seguridad a implantar.

Tal como cita la AEPD, se trata de una lista de riesgos no exhaustiva y que deben tomarse en consideración desde las primeras fases del diseño de los tratamientos, para la implementación de medidas técnicas y organizativas adecuadas, y dar cumplimiento al art. 25 del RGPD por parte de los desarrolladores y fabricantes.

¿Qué medidas se pueden adoptar?

La tecnología ya incorpora importantes mejoras en las medidas de seguridad respecto a generaciones anteriores, pero se dejan algunos mecanismos a criterios del operador de telefonía.

Los desarrolladores y fabricantes deberán suministrar productos con un adecuado nivel de cumplimiento del RGPD, pero también el resto de los agentes que presten servicio dentro de esas redes de comunicaciones tendrán la responsabilidad de adoptar medidas y garantías.

Se deben llevar a cabo procesos de gestión de riesgos y Evaluaciones de Impacto en los proveedores de servicio, operadores y fabricantes, con el fin de identificar y mitigar nuevos riesgos en la red 5G como un todo y no solo en la operación singular de cada agente.

Debe proporcionarse información a los interesados según lo establecido en la normativa; implementar mecanismos de transparencia y trazabilidad; definir los roles y responsabilidades desde el punto de vista de protección de datos y delimitar las obligaciones de cada uno de los intervinientes. Se deben implantar medidas de minimización de datos, garantizar comunicaciones cifradas y desarrollar modelos de cifrado, adecuar el uso de decisiones automatizadas a lo dispuesto en el RGPD y establecer garantías en el caso de transferencias internacionales.

Estas son algunas entre otras muchas medidas que serán necesarias para garantizar la privacidad de los individuos que utilicen estos dispositivos, ya que, como dice la AEPD en su informe, “el establecimiento de un marco de confianza en la seguridad de los tratamientos de datos en 5G es un factor imprescindible para garantizar su éxito”.

Bibliografía: https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/nota-tecnica-privacidad-5g.pdf

Equipo Govertis

Teletrabajo y protección de datos

El teletrabajo es una modalidad laboral recogida en el Estatuto de los Trabajadores en el artículo 38.4 en el que se señala la importancia de poder solicitar a la empresa la adaptación de la duración y distribución de jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.

Además, se recoge en el  Artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores la figura del teletrabajo como trabajo a distancia, en los siguientes términos:

<<1. Tendrá la consideración de trabajo a distancia aquel en que la prestación de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa”.

No obstante, de ser un derecho, se convierte en una obligación al producirse situaciones excepcionales como la pandemia que ha golpeado nuestro entorno.

Así se ha puesto de manifiesto por las empresas que se han visto obligadas a adoptar las medidas pertinentes y prestar los servicios de manera telemática, si bien deben de cumplir con una serie de requisitos.

En nuestra normativa en protección de datos podemos encontrar una referencia a la desconexión digital en el artículo 88.1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD) al precisar que las empresas deberán garantizar el tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, debiendo potenciarse en las modalidades del ejercicio laboral el derecho a la conciliación de la actividad laboral, vida personal y familiar (artículo 88.2 LOPDGDD).

Las condiciones de ejercicio de este nuevo derecho deberán establecerse en el marco de una negociación colectiva o entre lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores, eso sí adoptando previamente, una normativa o política interna o protocolo en el que se desarrollen las modalidades de ejercicio a la desconexión y especial atención medidas de sensibilización del personal laboral para impedir la fatiga informática laboral, especialmente cuando el trabajo se realiza a distancia, en el domicilio o a través del teletrabajo (artículo 88.3 de la LOPDGDD).

Es difícil reconocer el derecho a la desconexión digital, se complica aun más si cabe cuando el trabajador/a se encuentra teletrabajando en su propio domicilio con cargas familiares, no obstante,  estos protocolos de actuación deberán incluir garantías adicionales que consistan en preservar el derecho a la intimidad y desconexión digital así como preservar la seguridad de la información adoptando las medidas técnico organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo (artículo 32 Reglamento Europeo de Protección de Datos, RGPD)

Entre las medidas de seguridad adoptadas por la empresa podemos considerar las siguientes:

• Se utilizarán los canales de comunicación para el establecimiento de VPN (Virtual Private Network).
• Vigilancia y control del dispositivo físico facilitado por la empresa, así como precaución en el transporte y traslado de los mismos.
• Implantación de contraseñas fuertes y robustas, así como el doble factor de autenticación en correos corporativos y particulares.
• Uso de plataformas Mobile Device Management (gestión de dispositivos móviles) en los terminales aportados a los empleados. MDM es un conjunto de software que permite monitorizar, controlar y asegurar dispositivos móviles, que incluso permitan el borrado remoto de los dispositivos.
• Evitar el acceso a terceros a la información y documentación existente en nuestros dispositivos, así mejoramos la confidencialidad de la información.
• Realizar copias de seguridad de nuestros dispositivos y equipos informáticos en nuestra red corporativa, y evitar las copias en unidades locales.
• Comunicar a nuestra organización cualquier incidencia o brecha de seguridad Ante la pérdida o robo de un dispositivo móvil, infectada por un virus u otro software malicioso o acceso no autorizado de conformidad con el Protocolo de nuestra organización, así se podrá valorar la notificación a la AEPD.
• Actualiza el antivirus y firmware de tu dispositivo o equipo para evitar agujeros de seguridad o vulnerabilidades en nuestro sistema.
• Reuniones periódicas del comité de control y seguimiento de la crisis sanitaria creado en la empresa, que asuma tareas de formación y concienciación del personal que resuelvan todas las dudas que se puedan plantear en la gestión de la crisis.

En definitiva, el artículo 88 de la LOPDGDD instaura un nuevo derecho para los trabajadores y empleados públicos  que nos permite disponer de herramientas para compatibilizar el escenario laboral con el familiar, entre las que destacamos a modo de resumen, según la normativa de protección de datos:

• Obligación a las empresas de la aprobación formal de una política interna que regule el derecho a la desconexión digital, previa audiencia de los representantes de los trabajadores.
• La política deberá aplicar también al personal directivo acompañada de un plan de formación y de concienciación del personal.
• La política debe tener en cuenta la naturaleza, objeto de la relación laboral así como las excepcionalidades actuales tipo accidentes, emergencias o crisis sanitarias como la que estamos atravesando.

Y entre las medias de seguridad adoptadas deberán implementarse las siguientes:

-Continuidad de las empresas en la notificación de brechas de seguridad a la autoridad de control, en nuestro caso la Agencia Española de Protección de datos. (https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/notificacion-de-brechas-de-seguridad-de-los-datos-personales-durante-el)

-Adopción de medidas técnico-organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo entre las que podemos resaltar la utilización de herramientas corporativas que nos permitan realizar el teletrabajo, el uso de dispositivos personales Bring your own device (BYOD) con plataformas MDM, conexión VPN, actualización de antivirus y firewalls, revisión de permisos de usuarios, contraseña doble factor de autenticación. Entre algunas herramientas, guías y recomendaciones de buenas prácticas a destacar consideramos las realizadas por la AEPD en el siguiente enlace: https://www.aepd.es/es/areas-de-actuacion/recomendaciones/medidas 

Con todos estos mecanismos podremos teletrabajar de forma segura garantizando la seguridad o cualquier evento venidero  con una mayor seguridad y protección de nuestra intimidad en este “nuevo” entorno denominado teletrabajo, ya que no se trata sólo del cumplimiento formal de la LOPDGDD sino de equilibrar el uso de las nuevas tecnologías con la gestión más eficiente de los tiempos de descanso aumentando la productividad, reduciendo el estrés y mejorando la imagen corporativa interna y externa de nuestras organizaciones.

Equipo Govertis

¿Qué datos biométricos se conciben como de categoría especial?

A partir del Informe Jurídico 36/2020 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el que, entre otros, se trata el uso de técnicas de reconocimiento facial en la realización de pruebas de evaluación on-line, podemos obtener una respuesta a esta cuestión.

Por una parte, el artículo 4.14 RGPD define como «datos biométricos» aquellos “datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico especifico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”. Y, por otra parte, el artículo 9.1 RGPD, incluye entre los datos de categoría especial “datos biométricos dirigidos a identificar de manera univoca a una persona física”.

Según la AEPD, “en una interpretación conjunta de ambos preceptos parece dar a entender que los datos biométricos solo constituirían una categoría especial de datos en el caso de que se sometan a un tratamiento técnico especifico dirigido a identificar de manera univoca a una persona física” y, en este sentido, igualmente se pronuncia el Considerando 51.

Al objeto de aclarar las dudas interpretativas, la AEPD atiende al Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas del Grupo del Artículo 29, en el que se distingue:

• Identificación biométrica: la identificación de un individuo por un sistema biométrico es normalmente el proceso de comparar sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la identificación) con una serie de plantillas biométricas almacenadas en una base de datos (es decir, un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-varios).

Identificación biométrica uno-a-varios de huella dactilar en escenario crimen por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

• Verificación/autenticación biométrica: la verificación de un individuo por un sistema biométrico es normalmente el proceso de comparación entre sus datos biométricos (adquiridos en el momento de la verificación) con una única plantilla biométrica almacenada en un dispositivo (es decir, un proceso de búsqueda de correspondencias uno-a-uno).

Verificación/Autenticación uno-a-uno en control de acceso por huella dactilar al puesto de trabajo

Atendiendo a la citada distinción, la AEPD entiende que el concepto de dato biométrico incluye ambos supuestos. Sin embargo, y con carácter general, únicamente tendrán la consideración de categoría especial en los supuestos de identificación biométrica (uno-a varios).

No obstante, la AEPD considera que “se trata de una cuestión compleja, sometida a interpretación, respecto de la cual no se pueden extraer conclusiones generales, debiendo atenderse al caso concreto”. Y nos termina diciendo que, “en tanto en cuanto no se pronuncia al respecto el Comité Europeo de Protección de Datos o los órganos jurisdiccionales, adoptarse, en caso de duda, la interpretación más favorable para la protección de los derechos de los afectados”.

Equipo de Govertis

El Delegado de Protección de Datos como negociador

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDPGDD) se perfilaron algunas de las funciones del Delegado de Protección de Datos (DPD).

En concreto, el artículo 37 de la LOPDGDD regula la intervención del DPD en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos, estableciendo dos opciones diferentes. La primera de estas vías indica que, en los supuestos en que se haya designado un DPD, el afectado puede, antes de presentar su reclamación ante la autoridad de control, dirigirse al Delegado.

La segunda opción de intervención del DPD surge cuando el afectado presenta una reclamación ante la autoridad de control. En este caso, se prevé que la AEPD o la autoridad autonómica competente remitan esta reclamación al DPD de la entidad dándole un plazo de respuesta de un mes.

La AEPD destacó en la presentación de su Memoria de 2018 que: «En lo referente a las reclamaciones resueltas con respuesta satisfactoria tras haberlas remitido al responsable o al delegado de protección de datos (DPD), se han producido 863 durante 2018 y 2.079 hasta el 15 de mayo de 2019», aunque igualmente esta entidad aclaró que: «el traslado de la reclamación al responsable/DPD no implica necesariamente que no se vayan a realizar actuaciones inspectoras a posteriori, ya que la Agencia tiene potestad para investigar los mecanismos establecidos por la empresa. De hecho, un 13% de esas 863 reclamaciones (110) están en proceso de investigación». En la Memoria de 2019 se señaló que «los traslados al responsable para que analice la reclamación y dé respuesta al ciudadano crecieron un 147%, pasando de 2.300 en 2018 a 5.691 en 2019». Parece que esta vía ha llegado para quedarse.

Como señala la LOPDGDD en su Preámbulo, el DPD «permite configurar un medio para la resolución amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento», cabe plantearnos por tanto que, además de las características que el Esquema de Certificación exige a los DPD, las soft skills que debe tener este rol, centrándonos en este caso en sus habilidades como negociador.

La negociación es un medio de resolución de conflictos autocompositivo, pero a diferencia de otros medios autocompositivos como la mediación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar ellas mismas un acuerdo con la intervención de un mediador, en este caso las partes tienen autonomía para resolver por sí mismas el conflicto. Por otra parte, cabe diferenciar estos medios de los heterocompositivos, en los que la resolución resulta impuesta por un tercero, por ejemplo un árbitro o un juez.

En el ámbito de la protección de datos es el DPD quien se relaciona en nombre de la organización a la que representa con el afectado y quien, de forma amistosa, debe intentar llegar a una solución con este. «El proceso de negociación puede estructurarse de forma muy diferente, dependiendo principalmente de los negociadores y su cultura negocial» (Soleto, 2011). De este modo, el DPD deberá, en primer lugar, conocer su estilo negociador; desarrollar y trabajar sus habilidades negociadoras y, finalmente, elegir el tipo de negociación que quiere afrontar en su relación con los interesados.

El estilo negociador del DPD va a influir, sin duda alguna, en la negociación. Por este motivo, el DPD deberá conocer su estilo negociador en el ámbito de sus funciones y, en este caso, a la hora de negociar con un afectado. Es importante que tengamos en cuenta que cada persona se comporta en la negociación influido por el contexto; es decir, no negociaremos igual a la hora de adquirir un vehículo, al tratar un asunto laboral con nuestro jefe, o ante una decisión personal con nuestra pareja o progenitores. El Test Thomas-Killman es uno de los más famosos a la hora de analizar cuál es nuestro estilo de confrontación de conflictos, arrojando como resultado el predominio de, al menos, uno de estos cinco estilos: competidor, colaborador, comprometido, evitativo y acomodaticio.

Por otro lado, también será de enorme utilidad conocer el estilo negociador del afectado que nos contacta, así como identificar correctamente sus intereses. Será muy útil analizar la reclamación que haga llegar al DPD, los términos en que lo hace, así como la petición que nos hace llegar.

Además, el DPD, a la hora de representar a su organización en la negociación, deberá tener claras las líneas rojas que no podrá cruzar a la hora de ofrecer soluciones al afectado cuando entabla esta posible negociación (su Zona de Posible Acuerdo). Este aspecto es especialmente importante cuando se reclama una indemnización de carácter económico a cambio, por ejemplo, de no acudir a la autoridad de control o de no reclamar una indemnización de daños y perjuicios conforme al artículo 82 RGPD. En este último aspecto, incluso nos podríamos estar acercando a ser víctimas de un delito de extorsión, como ya analizamos en esta entrada del blog.

En cualquier caso, debemos identificar nuestros objetivos en la negociación, que pueden ser, por ejemplo, que el afectado quede satisfecho con la respuesta o, incluso, poder demostrar a la autoridad de control la voluntad de la organización al atender al interesado, independientemente de que este quede o no conforme con la respuesta que le es dada.

En cuanto al estilo de negociación que el DPD quiere afrontar en su relación con los interesados, en términos generales, existen dos tipos de negociación: la distributiva y la colaborativa. La negociación distributiva es el método tradicional de negociación; se relaciona con el estilo competidor de negociación y se basa en ganar intentando conseguir más que los demás; por su parte, el estilo colaborativo, basado en el Método Harvard, se vincula a un estilo negociador colaborador, en el que se tratará de ganar y que los demás también ganen. Este último modelo adquiere especial interés cuando se trata de negociar con una persona con quien queremos mantener una relación a largo plazo, como un empleado o un cliente, buscando de este modo ‘agrandar la tarta’ y/o buscar beneficios comunes.

Independientemente de uno u otro estilo de negociación, para afrontar con éxito cualquier negociación será necesario que entre las soft skills del DPD se encuentren la empatía para identificar los intereses del afectado y de la propia organización a la que representa, las habilidades comunicativas para expresarse con claridad durante la negociación, independientemente de si esta es oral o escrita, deberá saber controlar sus reacciones en la negociación y mantenerse proactivo a lo largo de esta.

Finalmente, nos queda únicamente plantearnos si estas habilidades negociadoras podrían ser también interesantes en las relaciones del DPD con sus grupos de interés internos o, incluso, con corresponsables y encargados del tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

Soleto, H. (2009) Conocer Y Dominar Los Estilos De Negociación. Revista Iuris, (nº 137), p.28-31. Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/10298

Soleto, H. (2010). Negociar Lo Que Vas a Negociar: El Proceso De Negociación. Revista Iuris: actualidad y práctica del derecho, (nº154), p. 33-35. Recuperado de http://hdl.handle.net/10016/10692

Equipo Govertis

COVID-19: Controles de temperatura y su encaje en la normativa de protección de datos

¿SE PUEDE UTILIZAR EL CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL ACCESO DEL PERSONAL AL CENTRO DE TRABAJO?

EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ FORMA PUEDO HACERLO Y QUÉ GARANTÍAS DEBO CUMPLIR?

¿SE PUEDE UTILIZAR EL CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL ACCESO DE CLIENTES Y VISITANTES EN GENERAL?

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado un comunicado en relación con la toma de temperatura por parte de comercios, centros de trabajo y otros establecimientos para determinar quién puede acceder a los mismos.

El objetivo de estos sistemas es controlar el acceso a instalaciones para evitar posibles contagios de COVID-19, en tanto que la temperatura es indiciaria de haber contraído la enfermedad, y, por tanto, del riesgo de contagio.

La temperatura asociada a un sujeto identificable constituye un dato de salud, de acuerdo a la interpretación amplia que hace la normativa, por lo que es objeto de especial protección. La legitimación para realizar este tratamiento parte, entre otros, del Considerando (46) del RGPD, que reconoce que en situaciones excepcionales, como una epidemia, la base jurídica de los tratamientos puede ser múltiple, basada tanto en el interés público como en el interés vital del interesado u otra persona física: “El tratamiento de datos personales también debe considerarse lícito cuando sea necesario para proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física. En principio, los datos personales únicamente deben tratarse sobre la base del interés vital de otra persona física cuando el tratamiento no pueda basarse manifiestamente en una base jurídica diferente. Ciertos tipos de tratamiento pueden responder tanto a motivos importantes de interés público como a los intereses vitales del interesado, como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano”.

¿SE PUEDE UTILIZAR EL CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL ACCESO DEL PERSONAL AL CENTRO DE TRABAJO?

SÍ, con ciertos requisitos

En el caso de centros de trabajo, la legitimidad de este tratamiento la corrobora la propia AEPD en sus FAQ,s sobre el COVID-19,  donde indica que el empleador “podrá tomar la temperatura a los trabajadores, como medida relacionada con la vigilancia de su salud en materia de Prevención de Riesgos Laborales”. Esto puede entenderse en tanto que, según corrobora la OMS, el signo más frecuente en los pacientes COVID-19 es la fiebre.

Continúa la Agencia en la nota informativa estableciendo que “la posible base jurídica podría encontrarse en la obligación que tienen los empleadores de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras a su servicio en los aspectos relacionados con el trabajo. Esa obligación operaría a la vez como excepción que permite el tratamiento de datos de salud y como base jurídica que legitima el tratamiento”.

Añade la Agencia en su comunicado, en relación con esta toma de temperatura para determinar el acceso, que “requeriría la determinación previa que haga la autoridad sanitaria competente (…) de su necesidad y adecuación al objetivo de contribuir eficazmente a prevenir la diseminación de la enfermedad en los ámbitos en los que se apliquen, regulando los límites y garantías específicos para el tratamiento de los datos personales de los afectados”, por lo que “estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas”.

En este sentido, el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevencion de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCOV-2”, elaborado por el Ministerio de Sanidad, recomienda a los servicios de PRL lo siguiente:

“Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios, corresponde a las empresas evaluar el riesgo de exposición en que se pueden encontrar las personas trabajadoras en cada una de la tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el particular emita el servicio de prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades sanitarias”.

Por tanto, en cuanto no hay mención expresa por parte del Ministerio sobre el control de temperatura, la decisión de adoptar tal medida recae en la empresa, a través de su servicio de PRL.

EN CASO AFIRMATIVO, ¿DE QUÉ FORMA PUEDO HACERLO Y QUÉ GARANTÍAS DEBO CUMPLIR?

Sigue la Agencia en la citada nota recordando que este tratamiento lícito debe cumplir las “garantías adecuadas”. Sobre estas garantías, la autoridad de control indica que “los datos (de temperatura) solo pueden obtenerse con la finalidad específica de detectar posibles personas contagiadas y evitar su acceso a un determinado lugar y su contacto dentro de él con otras personas. Pero esos datos no deben ser utilizados para ninguna otra finalidad. Esto es especialmente aplicable en los casos en que la toma de temperatura se realice utilizando dispositivos (como, por ejemplo, cámaras térmicas) que ofrezcan la posibilidad de grabar y conservar los datos o tratar información adicional, en particular, información biométrica”

También habla del principio de exactitud, advirtiendo que “los equipos de medición deben ser homologados y adecuados para poder registrar con fiabilidad los intervalos de temperatura que se consideren relevantes”. En este sentido, añade que “el personal que los emplee debe reunir los requisitos legalmente establecidos y estar formado en su uso”.

Por último, la Agencia señala que “debieran considerarse, entre otras, medidas (…) para permitir que las personas en que se detecte una temperatura superior a la normal puedan reaccionar ante la decisión de impedirles el acceso a un recinto determinado (por ejemplo, justificando que su temperatura elevada obedece a otras razones). Para ello, el personal deberá estar cualificado para poder valorar esas razones adicionales o debe establecerse un procedimiento para que la reclamación pueda dirigirse a una persona que pueda atenderla y, en su caso, permitir el acceso”.

En cumplimiento de todo lo antedicho, se recomiendan las siguientes actuaciones:

• Uso de dispositivos que se limiten a la toma de temperatura, sin que se registre esta información asociando los datos al usuario.
• No destinar los datos de temperatura a otra finalidad que no sea la propia de la detección del contagio.
• Que los equipos que se utilicen sean homologados y adecuados.
• Que el personal esté formado en el uso de los mismos. Al no hacerse referencia a que tenga que ser necesariamente personal sanitario el que realice la toma de temperatura, cabría la posibilidad de que ésta se realice por personal de seguridad. El artículo 32.1.a) de la Ley de Seguridad Privada establece que corresponde a los vigilantes de seguridad, entre otras, ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión. El sometimiento a controles de acceso a un establecimiento público o privado “será de obligado cumplimiento si así se establece por los responsables del mismo“. En la situación actual, la utilización de termómetros estaría encuadrada dentro de la utilización de medios técnicos que complementan las medidas de seguridad, para proteger a los clientes y trabajadores del establecimiento. Por tanto, un vigilante de seguridad privada reuniría los “requisitos legalmente establecidos”, pero sería necesario que acreditaran estar formados en el uso de estos dispositivos. En definitiva, si no es posible que este control se haga por personal sanitario, se podría acudir al personal de seguridad cumpliendo los requisitos comentados.
• En el caso de control de temperatura a trabajadores para acceso al centro de trabajo, que exista un protocolo, consensuado con el servicio de prevención y los representantes de los trabajadores, para los casos en que se detecte una temperatura superior a la normal, mediante el cual se derive al interesado a personal cualificado que pueda atenderle, de acuerdo a lo que se indique en dicho protocolo. En ningún caso esta derivación puede suponer un tratamiento de esta información por personal distinto a los médicos de la empresa o del servicio de prevención. Una vez aprobado el protocolo, que se envíe una circular al personal informando de la puesta en marcha de este sistema, Así mismo, también sería necesario informar en el momento de la toma de temperatura.

Cabe recordar la necesidad de actualizar el Registro de actividades de tratamiento con las operaciones indicadas, así como la realización de una evaluación de impacto de protección de datos, en su caso, una vez acordado el sistema de control a implantar.

Tabla 1 Infografía

¿SE PUEDE UTILIZAR EL CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL ACCESO DE CLIENTES Y VISITANTES EN GENERAL?

NO es recomendable. De momento, optar por medios menos invasivos

En este supuesto, si bien la habilitación legal para el tratamiento de datos puede partir de la necesidad de “proteger un interés esencial para la vida del interesado o la de otra persona física (…) como por ejemplo cuando el tratamiento es necesario para fines humanitarios, incluido el control de epidemias y su propagación, o en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano”, y por “por razones de interés público en el ámbito de la salud pública”, y el uso del control de temperatura (sin registro de datos) podría considerarse una medida proporcionada y lícita para cumplir con esta necesidad, la AEPD en su comunicado deja la decisión de la necesidad y adecuación de la medida a las autoridades sanitarias, así como la determinación, en su caso, de la temperatura a partir de la cual se considere posible contagio:

“Es por ello que estas medidas deben aplicarse solo atendiendo a los criterios definidos por las autoridades sanitarias, tanto en lo relativo a su utilidad como a su proporcionalidad, es decir, hasta qué punto esa utilidad es suficiente para justificar el sacrificio de los derechos individuales que las medidas suponen y hasta qué punto estas medidas podrían o no ser sustituidas, con igual eficacia, por otras menos intrusivas.

Por otro lado, esos criterios deben incluir también precisiones sobre los aspectos centrales de la aplicación de estas medidas. Así, por ejemplo, la temperatura a partir de la cual se consideraría que una persona puede estar contagiada por la COVID – 19 debería establecerse atendiendo a la evidencia científica disponible. No debería ser una decisión que asuma cada entidad que implante estas prácticas, ya que ello supondría una aplicación heterogénea que disminuiría en cualquier caso su eficacia y podría dar lugar a discriminaciones injustificadas”.

¿Y por qué la AEPD considera que las autoridades sanitarias son las que han de establecer los criterios de aplicación de la medida, así como pronunciarse sobre su utilidad y proporcionalidad? 

Porque las concretas medidas, destinadas a prevenir y combatir el contagio del virus, deben ser determinadas por las autoridades sanitarias, en base a sus propias competencias. Así, la necesidad, proporcionalidad y adecuación de la medida dependerá de la estrategia que las autoridades sanitarias hayan planificado y valorado. Debe entenderse, por tanto,  que corresponde, en primer lugar, a la autoridad sanitaria, valorar la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas (por ejemplo, uso de mascarilla obligatorio en transporte público, la realización de test masivos y utilización de aplicaciones móviles de rastreo para alertar a posibles contactos sobre una potencial exposición al virus).  No se puede afirmar a priori si la medida es adecuada o proporcional, a los efectos de ser adoptada en nuestra organización, si no la ponemos en relación con la estrategia sanitaria concreta.

Por tanto, nuestra recomendación es esperar a un previsible pronunciamiento específico de las autoridades sanitarias sobre esta cuestión, optando entretanto por medidas de prevención menos invasivas. Si esto no fuera posible, habría que realizar una evaluación de impacto para valorar la viabilidad del tratamiento, así como las garantías a emplear.

Equipo Govertis

¿Pueden los Ayuntamientos tratar los datos personales de las personas de avanzada edad para ofrecer un servicio asistencial debido a la situación actual de pandemia por Covid-19?

La situación actual derivada de la crisis del Covid-19 afecta especialmente a determinados grupos de personas vulnerables, entre los que se encuentran las personas de avanzada edad. Así se desprende de las diferentes manifestaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad y del propio Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, que en su artículo 7.e) permite la libre circulación de las personas para la realización de las actividades asistenciales y de cuidado a mayores.

Por este motivo, numerosos Ayuntamientos buscan la manera de ayudar a este colectivo, lo que implica obtener los datos de las personas más vulnerables, por ejemplo, mediante la cesión de estos por parte de otras Administraciones Públicas que pudieran disponer de esta información con motivo de la prestación de un servicio a estos colectivos, y la puesta en contacto con las mismas con el fin de brindarles la prestación de servicios de primera necesidad.

Ahora bien, los Ayuntamientos se cuestionan si disponen de legitimación para tratar estos datos con la finalidad indicada.

Pues bien, hemos de partir de que la principal base de legitimación sobre la que actúa la Administración es la de interés público [art. 6.1.e) RGPD] y el cumplimiento de una obligación legal [art. 6.1.c) RGPD], quedando la del consentimiento expreso [art. 6.1.a) RGPD] para ciertas actuaciones concretas y minoritarias.

Tal como se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen de Local (LBRL), modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, corresponde a los municipios el “… derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local…”.

Asimismo, en su artículo 25.2 letra e) establece que “el municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.”.

A su vez, el artículo 26.1 letra c) de la misma norma determina que los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, el servicio de “evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.

Esta función de asistencia social del Ayuntamiento no parece asumida por el Estado con motivo de la declaración del Estado de Alarma, pues en el artículo 6 del mencionado RD de Estado de Alarma se establece que cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios.

Siendo pues competencia del Ayuntamiento la prestación de evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, y estando actualmente en situación de emergencia sanitaria, se entiende procedente el tratamiento de los datos por parte de los Ayuntamientos para esta finalidad.

Ahora bien, los datos a tratar deberían ser los adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para lograr el fin buscado [art. 5.1.c) RGPD], que no es más que la localización las personas mayores en riesgo sanitario y asistencial, por lo que el tratamiento de su nombre, dirección y teléfono se entendería suficiente, sin perjuicio de que los Servicios Sociales pudieran recabar otros datos de contenido sensible en el ejercicio de sus funciones siempre que estos fueran necesarios para el fin perseguido y tratados según se establece en la normativa vigente.

*Nota: Los artículos del Blog del DPD reflejan, en ocasiones, las opiniones o criterios de autoridades de protección de datos y organismos competentes en la materia; no obstante, en otros casos reflejan la opinión de los autores y, por tanto, será decisión y responsabilidad de quien aplique o no estos criterios.

Equipo de Govertis

Transparencia y acceso a la información pública durante el estado de alarma

En estos días, más que nunca, es de vital importancia que la ciudadanía esté debidamente informada del desarrollo y evolución de la pandemia de Covid-19, lo que ayudará a luchar contra los bulos que con tanta frecuencia se están difundiendo en redes sociales, además de generar confianza en las acciones de los responsables públicos.

No obstante, tal y como adelantábamos en el artículo ¿Se deben seguir notificando las brechas de seguridad de datos personales y respondiendo a los derechos de los interesados durante el estado de alarma?, la  Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, declaraba la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De acuerdo con la citada Disposición, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) publicaba el pasado 17 de marzo un Aviso sobre la actividad del Consejo, en el que manifestaba que, debido a la suspensión de términos e interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, la tramitación de los expedientes  en materia de transparencia se podrían ver más retrasadas de lo habitual.

Del mismo modo, en la Sede Electrónico de la web del CTBG, figura el siguiente aviso:

“Le informamos que, de acuerdo con la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Todo ello hace pensar que el CTBG ha paralizado toda tramitación de sus procedimientos. Ahora bien, el apartado 4 de la citada Disposición, atribuye a las entidades del sector público la facultad de continuar “aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”, previo acuerdo motivado.

En relación con esta cuestión, Esperanza Zambrano Gómez, Subdirectora General de Reclamaciones de este organismo, manifestaba en un artículo para la Asociación de Periodistas de Investigación (API) titulado “Crisis sanitaria, no crisis en transparencia”, lo siguiente:

“Aunque el confinamiento que se deriva del estado de alarma hace incompatible el normal desarrollo del trabajo vinculado a dar respuesta a una solicitud de información, sí entiendo que sería deseable una identificación de las solicitudes vinculadas a esta crisis y darles prioridad en la respuesta”.

Por lo que, si bien los plazos para la tramitación de los procedimientos en materia de transparencia quedan suspendidos en tanto no pierda vigencia el Real Decreto que declara el estado de alarma, o las sucesivas prórrogas del mismo, cabe entender que el CTBG, en aplicación del citado apartado 4 de la Disposición, dará curso a las solicitudes de acceso a la información pública relacionadas con el Covid-19 presentadas tanto antes como durante el estado de alarma.

*Nota: Los artículos del Blog del DPD reflejan, en ocasiones, las opiniones o criterios de autoridades de protección de datos y organismos competentes en la materia; no obstante, en otros casos reflejan la opinión de los autores y, por tanto, será decisión y responsabilidad de quien aplique o no estos criterios.

Equipo Govertis

Captación y difusión de imágenes de terceros durante el estado de alarma

Desde que se decretara el estado de alarma en nuestro país el pasado 14 de marzo, se están difundiendo en diferentes redes sociales y servicios de mensajería instantánea multitud de imágenes y vídeos captados por particulares, en los que se aprecia a personas que, aparentemente, rompen el confinamiento, por ejemplo, haciendo ejercicio al aire libre, juntándose en grupo o, incluso, mientras son preguntadas o detenidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Como viene manifestando la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), esta situación de emergencia generada por la pandemia del Covid-19 no puede suponer una suspensión del derecho fundamental a la protección de datos personales, por lo que la captación de estas imágenes y su difusión a terceros implicaría un tratamiento de datos personales que habría de atender a las garantías de la normativa en materia de protección de datos.

Recordemos que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es de aplicación al tratamiento de toda la información relativa a una persona física identificada o identificable, entendiendo que alguien es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona [art. 4.1) RGPD].

Por lo que, en la medida en que las imágenes y, en su caso, la voz captadas en estas circunstancias permitan identificar a las personas afectadas y no se apliquen sobre las mismas parámetros digitales que impidan su identificación (por ejemplo: pixelados o máscaras), estas quedarán dentro del ámbito de la normativa de proteccion de datos, lo que supondrá que el particular que capta y difunde las imágenes sea considerado responsable del tratamiento y precise de una de las bases de licitud o legitimación de las previstas en el artículo 6 RGPD, entre las que cabría aplicar, en estos supuestos, la del consentimiento. Por consiguiente, ante la ausencia del consentimiento del interesado, la captación y difusión de estas imágenes sería ilícita y constituiría infracción muy grave prevista en el artículo 72.1.b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

Si bien, en virtud del Considerando 18 y artículo 2.2.c) RGPD, el Reglamento no sería de aplicación al tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, no parece que quepa aplicar en estos casos la excepción doméstica, en base a la interpretación que distintos Tribunales y autoridades en materia de protección de datos, tanto a nivel europeo como nacional, han realizado sobre esta excepción:

• Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en su Sentencia sobre el asunto C–25/17, del 10 de julio de 2018:

El TJUE, señala, de una parte, que la expresión «personales o domésticas» se refiere a la actividad de la persona que trata los datos personales, no a la persona cuyos datos son tratados.

De otro lado, entiende que la excepción debe interpretarse en el sentido de que contempla únicamente las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares. A este respecto, no considera que una actividad es exclusivamente personal o doméstica cuando tenga por objeto permitir a un número indeterminado de personas el acceso a datos personales o cuando la actividad se extienda, aunque sea en parte, al espacio público y esté por tanto dirigida hacia el exterior de la esfera privada de la persona que procede al tratamiento de los datos.

• Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), en su Guía 2/2019 para el tratamiento de datos personales a través de dispositivos de video:

El CEPD determina que la llamada excepción doméstica, en el contexto de la captación de imágenes, debe interpretarse de manera restrictiva, incluyéndose la misma únicamente las actividades que se llevan a cabo en el curso de la vida privada o familiar de los particulares, lo que claramente no es el caso del tratamiento de datos personales que conlleva la publicación en Internet de manera que los datos sean accesibles a un número indefinido de personas.

• AEPD, en Informes como el 0615-2008:

La Agencia viene señalando que para que nos hallemos ante la exclusión doméstica, lo relevante es que se trate de una actividad propia de una relación personal o familiar, equiparable a la que podría realizarse sin la utilización de Internet, por lo que no lo serán aquellos supuestos en que la publicación se efectúe en una página de libre acceso para cualquier persona o cuando el alto número de personas invitadas a contactar con dicha página resulte indicativo de que dicha actividad se extiende más allá de lo que es propio de dicho ámbito.

En definitiva, cabría pensar en base a lo interpretado por las mismas que, en supuestos como los analizados en el presente artículo, en los que las imágenes captadas por particulares acaban en manos de un número indeterminado de personas, no sería de aplicación la excepción doméstica, por lo que, ante la ausencia de consentimiento de las personas afectadas para su captación y difusión, se estaría vulnerando la normativa en materia de protección de datos.

A lo largo de los últimos años hemos tenido diversos ejemplos que han sido objeto de sanción por parte de las autoridades de control, y que no han estado exentos de polémica. Para muestra, varios botones:

• Sanción Autoridad de Protección de Datos de Austria de 11.000 eurosa un entrenador por grabar a jugadoras en la ducha durante años​.
• Sanción de la AEPD a un particular con multa de 2.000 eurospor grabar con su móvil, desde su casa, a un policía que estaba realizando una actuación en la calle, y difundirla a través de WhastApp sin consentimiento​.
• Sanción de la AEPD de 10.000 eurosa un particular por publicar, en el «estado» de WhatsApp, fotos íntimas y conversaciones de un tercero sin su consentimiento .

Por último, no hay que olvidar que una conducta que suponga una violación en el derecho a la intimidad o privacidad puede ser objeto de reproche en el orden civil, por intromisión en el derecho a la intimidad o propia imagen, o penal, por ser tipificada como delito de descubrimiento o revelación de secretos.

Nota: Los artículos del Blog del DPD reflejan, en ocasiones, las opiniones o criterios de autoridades de protección de datos y organismos competentes en la materia; no obstante, en otros casos reflejan la opinión de los autores y, por tanto, será decisión y responsabilidad de quien aplique o no estos criterios.

Equipo Govertis