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Una de las principales pretensiones de la neurociencia hoy en día es el ser capaces de descubrir el íntegro funcionamiento del órgano más complejo de nuestro cuerpo humano: el cerebro.
Los avances científicos realizados hasta ahora están logrando la lectura de una parte de la actividad cerebral, pero aún falta un largo camino para una lectura completa, teniendo como pretensión su cambio y manipulación, con la finalidad, entre otras, de ayudar a los pacientes con enfermedades mentales y neurológicas, las cuales, hoy en día, no tienen cura.
Es por ello por lo que, el objetivo primordial de los proyectos encaminados a la lectura y modificación de la actividad cerebral, como es el proyecto “BRAIN”, es el desarrollar técnicas para mapear la actividad cerebral leyendo, cambiando y alterando las neuronas del cerebro con el fin de ayudar a los pacientes con este tipo de enfermedades. Este proyecto norteamericano es quizás uno de los más importantes del mundo, apoyado con más de 6 mil millones de dólares y con más de 500 laboratorios y agencias de todo el mundo colaborando en él, entre los que podemos encontrar a DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, perteneciente al Departamento de Defensa de los EE.UU, responsable del desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito militar) por lo que podemos inferir que este proyecto también tiene importancia en dicho ámbito.
Rafael Yuste, neurobiólogo español y uno de los impulsores de este ambicioso proyecto, enfatiza en que se trataría de la primera vez que se estaría logrando comprender al ser humano por dentro, lo que conduciría de manera inexorable a un nuevo renacimiento del ser humano; a un Renacimiento 2.0.
No cabe duda de que, para ciertas enfermedades como pudieran ser el Parkinson o el Alzheimer, entre otras, así como para personas con problemas o enfermedades de parálisis de extremidades o personas ciegas, puede suponer un hito sin precedentes en su vida, mejorando íntegramente su calidad de vida. Todo ello sería posible a través de la lectura completa de la actividad cerebral de los pacientes acoplada a algoritmos de inteligencia artificial que permitan conectar el cerebro a la red.
Por supuesto que todo ello no está exento de críticas, y como dice el propio Rafael, hay ciertas líneas rojas que no deben jamás ser cruzadas.
En este sentido, Rafael afirma que, de aquí a 10 años, a través de las interfaces cerebro-computadoras se podrá escribir a máquina en un ordenador a base de nuestros pensamientos. Todo ello también generará efectos revolucionarios en la medicina, pero el principal problema es que, si se puede llegar a escribir en una máquina a través de nuestros pensamientos, esa información que sale de nuestro cerebro y se plasma en la pantalla, podría llegar a ser utilizada con fines comerciales.
En una primera instancia, podría haber motivos más que suficientes para alarmarnos por el mal uso que se pudiera llegar a realizar derivado de esta tecnología, quedando nuestros datos mentales al servicio de compañías desconocidas para la mayoría de nosotros, y, por lo tanto, dejando nuestra esfera más privada y personal, como es la de nuestros pensamientos, totalmente desprotegida.
A nivel legislativo, nuestro país no se encuentra dotado de leyes que amparen estos nuevos derechos de la mente, ya denominados “neuroderechos”, pero en países como Chile ya cuentan con un Proyecto de ley sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental. En este sentido, el Proyecto de ley reconoce los siguientes derechos:
En lo relativo primer derecho mencionado, el derecho a la privacidad mental, lo que se pretende es dotar de protección y garantía al contenido que cada uno de nosotros podemos llegar a tener almacenado en nuestra mente, y que éste únicamente pueda ser utilizado por razones médicas, debiendo mediar en todo caso consentimiento del paciente, por lo tanto, es esencial el tener un marco legislativo que ampare este tipo de dato, así como los consentimientos necesarios para su ulterior tratamiento.
Una de las cuestiones importantes a plantearse, que ya se recoge en el propio Proyecto de ley, sería el ver si estos datos cerebrales pudieran integrarse dentro de la categoría de datos de salud o datos médicos, ante lo cual se indica textualmente (haciendo referencia previamente al proyecto “BRAIN”, que: “en su llamado, plantean que la información de los cerebros debe ser protegida como datos médicos, encontrándose libre de explotación con fines de lucro”).
Si consideramos dichos datos dentro de la categoría de datos médicos, éstos se deberán atener a las legislaciones de protección de datos que rijan en cada país. En nuestro caso, estos datos médicos estarían amparados legislativamente por el RGPD, donde, en su artículo 9, se dota de garantía a los datos de categoría especial, entre los cuales se encuentran los datos de salud, así como en nuestra legislación nacional, esto es, la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), la cual remite la mayor parte del articulado relativo a datos de salud a lo establecido en el RGPD.
El problema que podemos ver en ello es que en el artículo 9.2 RGPD se establecen una serie de excepciones a la prohibición del tratamiento de estas categorías especiales de datos, por lo cual habría que reformular parte de dicha normativa para evitar que los datos cerebrales pudieran ser tratados sin mediar consentimiento del paciente.
A raíz de la elaboración del Proyecto de ley expuesto, uno de los propósitos actuales en Chile es modificar su Constitución para que todos estos neuroderechos queden recogidos y protegidos constitucionalmente.
Otro los propósitos a nivel legislativo es conseguir que estos 5 derechos expuestos queden incorporados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, englobándose dentro de la categoría de Derechos de la mente de las personas o “neuroderechos”. Además, también pretenden implantar un juramento tecnocrático, con el fin de que las compañías eviten utilizar estos dispositivos y la información obtenida de todas las técnicas y procesos utilizados en contra de los derechos humanos de los pacientes.
Es muy importante la regulación ética que va a conllevar este nuevo cambio de paradigma, debiéndolo enfocar desde el punto de visto de los derechos humanos, con el fin de que estas tecnologías se canalicen correctamente y no puedan producir perjuicios a la sociedad.
El descifrar el código neuronal humano abre un amplio abanico de posibilidades médicas y tecnológicas que indudablemente pueden aportar numerosos beneficios, pero también podrían utilizarse para ejercer un control mental sobre los ciudadanos, pudiendo controlar nuestros pensamientos y emociones, eliminando así nuestro último reducto de privacidad.
Por último, debemos recalcar la importancia de ser conocedores de que toda esta tecnología, más allá de los beneficios expuestos que pudiera llegar a reportar a ciertos pacientes y a la ciencia en general, puede conllevar una notoria injerencia en nuestra esfera de la privacidad y la protección de nuestros datos, por lo que, ahora más que nunca, es esencial que conozcamos cuales son nuestros derechos en la materia, siendo informados en todo momento acerca del uso, la finalidad, la comunicación y el flujo de vida que el dato puede recorrer desde que pudiera ser “captado” de nuestra mente, y, sobre todo, saber cuáles son los límites que nunca deben sobrepasarse para no arrepentirnos de todos estos avances en un futuro no tan lejano.
Equipo Govertis
El pasado 23 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, AEPD) se pronunció sobre el registro de ciudadanos por parte de alojamientos turísticos, cuestión que ya había sido objeto de debate a raíz de la sanción económica impuesta a una empresa hotelera que solicitaba y escaneaba digitalmente, en el proceso de registro, los pasaportes de sus clientes, inclusive las fotografías de estos.
El supuesto de hecho descrito constituye un tratamiento de datos personales que requiere obligatoriamente, en virtud del principio de licitud que establece la normativa europea vigente (artículo 5.1 a del RGPD), de una base jurídica que lo legitime, no pudiendo el responsable del tratamiento (en este caso, el Hotel), realizar ninguna actividad de tratamiento sin estar habilitado a ello.
Entonces, ¿contaba la empresa reclamada con una base legitimadora que amparase la recogida de todos los datos personales que aparecen en el pasaporte del interesado? Pues bien, según las alegaciones planteadas, el Hotel defendía la licitud del tratamiento en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LO 4/2015) que establece la obligación de contar con un registro documental en los establecimientos hoteleros, así como la comunicación de estos registros a las dependencias policiales – Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 6.1 c del RGPD)-.
Si bien la obligación legal como base jurídica que legitima la recogida de los datos no parece plantear problema alguno, no parece ser así con el registro de las fotografías de los clientes. ¿Es el registro de estas imágenes estrictamente necesario para la correcta gestión hotelera y el cumplimiento de la obligación legal aplicable al responsable? Parece cuestionable.
En este punto, la empresa amparó el registro de dichas fotografías en la existencia de un interés legítimo para verificar la identidad de sus clientes en los consumos realizados durante su estancia, evitando así un uso fraudulento de la tarjeta por parte de terceros (artículo 6.1 f).
Recordemos que, en virtud de lo establecido en la normativa europea, solo cabrá valorar la aplicabilidad esta base de licitud del tratamiento cuando este se considere necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales.
Así, para invocar el interés legítimo como fundamento jurídico para el tratamiento de los datos personales, se necesitará realizar previamente, un triple juicio de ponderación que estudie la idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto, del tratamiento analizado, así como interpretarlo de conformidad con el principio de minimización de los datos (artículo 5.1 c del RGPD). Dicho Juicio o prueba de ponderación entre el interés del responsable y los derechos del interesado no se llegó a justificar nunca por la empresa reclamada.
Sumado a esta falta de justificación de los intereses legítimos, que conlleva la desinformación del reclamante sobre la base legitimadora del tratamiento de sus datos, se constata que la cláusula informativa en materia de protección de datos facilitada a los clientes no incluía detalle alguno sobre la recogida y utilización de sus fotografías, ni figuraba dicho tratamiento en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Entidad. Y, así mismo, no se llegó a aportar por parte de la empresa sancionada la información requerida en el procedimiento de instrucción: copia de la política de privacidad en todas sus versiones vigentes a partir de la entrada en vigor del Reglamento, así como cualquier aviso de privacidad y canal habilitado por la compañía para dar a conocer esta información a los interesados.
Por todo ello, y existiendo además medios menos invasivos para la consecución del fin alegado (verificar la identidad del usuario para evitar pagos fraudulentos) como, por ejemplo, solicitar al cliente su número de habitación, la recogida y utilización de la fotografía de los clientes por parte de la Entidad supone un tratamiento de datos personales excesivo que impide invocar el interés legítimo como base jurídica que lo legitime y que requiere, en consecuencia, de otra base legitimadora como es el consentimiento válido del interesado.
En definitiva, como futuros clientes de un alojamiento turístico, el Hotel solo podrá tratar aquella información personal contenida en su pasaporte amparándose en el cumplimiento de la obligación legal que le es aplicable, a excepción de su fotografía que no podrá ser registrada en los sistemas de información de la Entidad salvo que disponga de su consentimiento expreso.
Equipo Govertis
Las empresas pueden constituirse a través de distintas formas jurídicas. Una de ellas es formalizando un acuerdo de constitución de Unión Temporal de Empresas (UTE), regulada en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y sociedades de Desarrollo Industrial Regional. Se trata de una modalidad contractual de colaboración empresarial en el que las sociedades que la componen se unen para conseguir beneficios fiscales, y sobre todo, concurrir a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de mayor relevancia.
¿Qué características reúnen las UTEs?
Bajo estas premisas, vamos a ir respondiendo alguna de las preguntas que se nos plantean:
La propia Agencia de Protección de Datos Catalana, comentaba en uno de sus dictámenes (dictamen 4/2018), lo siguiente relativo a una Consulta de un Ayuntamiento, respecto a la figura del “Pacto territorial”:
“Hemos dicho que el Pacto es un ente sin personalidad jurídica. Por lo tanto, de acuerdo con la LOPD, en la medida en que el Pacto decide sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento de los datos de carácter personal, parece que debe ser considerado responsable del fichero o tratamiento, aunque por carecer del requisito de tratarse de una persona física o jurídica, podrían plantearse algunas dudas”.
Dudas, que se esfumaban tras acudir al art 5.1.q. del RLOPD, que recogía expresamente la mención a entes sin personalidad jurídica: “Podrán ser también responsables del fichero o del tratamiento los entes sin personalidad jurídica que actúen en el tráfico como sujetos diferenciados.”
¿Qué ocurre ahora?
No se menciona de forma expresa. Si echamos mano de jurisprudencia posterior a la entrada en vigor del RGPD, encontramos la sentencia de la Sala Tercera del TJUE de 9 de julio de 2020 (“VQ contra Land Hessen”), que considera que debe calificarse como responsable del tratamiento a la “Comisión de Peticiones del Parlamento” a quien considera “Autoridad Pública”, pese a que la Comisión de Peticiones no goza de personalidad jurídica.
Por tanto, en línea con esta interpretación del TJUE y por seguir una línea continuista con la legislación anterior, podríamos entender que los entes sin personalidad jurídica sí que podrían ser considerados como responsables del tratamiento, o, al menos, sí, en algunos casos.
Estudiemos las relaciones que tiene la UTE desde dos ópticas distintas:
En otras ocasiones, las sociedades integrantes de la UTE no tendrán una web específica como grupo (como ocurre con la UTE AEC-Govertis, por poner un ejemplo de esta casa), pero probablemente si acudimos a las webs de las sociedades que la integran, veremos que, con carácter general, cada una de ellas aparecerá como Responsable del Tratamiento en la Política de Privacidad.
De tal forma, que, para la UTE, entendida como un “ente en sí mismo”, no será necesario que exista un Registro de Actividad del Tratamiento, sino que serán las sociedades que integren la misma, las que, en su Registro de Actividades del Tratamiento, deban incluir los tratamientos que esa sociedad esté llevando a cabo, entre los cuales por supuesto se habrán de incluir los tratamientos con implicaciones en protección de datos en los que participe a través de esa UTE.
“En los casos de Grupo de Empresas y de Unión Temporal de Empresas, habrá que tener en cuenta que el grupo como tal carece de personalidad jurídica y que las sociedades integradas en el Grupo conservan su personalidad jurídica propia, por lo que cada una de éstas seguirá siendo responsable de sus ficheros. Las Agrupaciones de Interés Económico al tener personalidad jurídica podrán ser responsables de ficheros.”
En cuanto a sus relaciones externas, lo habitual es que varias empresas decidan unirse para poder resultar adjudicatarias de licitaciones públicas, y prestar un servicio concreto. Por tanto, si prestan un servicio en el que hay un tratamiento de datos de carácter personal sobre el que la empresa licitante haya decidido sobre los fines y medios del tratamiento, la UTE tendrá el rol de encargada del tratamiento, para ese tratamiento en concreto.
También podríamos plantearnos que la UTE actuase como subencargado de tratamiento, si el encargado inicial decide recurrir a la UTE para la prestación del servicio.
En cuanto a sus relaciones internas, ya vimos que cada sociedad integrante de la UTE es responsable de los tratamientos de datos de carácter personal que lleva a cabo.
El punto de partida es determinar quien toma las decisiones sobre los fines y los medios empleados, que, en definitiva, es la definición del art.2 del RGPD del concepto Responsable de tratamiento:
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo, que solo junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
Por tanto, tenemos dos opciones en relación al rol de las sociedades que integran la UTE:
Sí. Precisamente, debido a la falta de personalidad jurídica que hemos comentado a lo largo del artículo, es muy común alegar esta falta de capacidad en los procesos judiciales. No obstante, la jurisprudencia ha venido asimilando las UTEs a las uniones sin personalidad, a las que se le reconoce esta capacidad en la LEC. La AEPD podría sancionar a una UTE en caso de vulnerar la normativa. Los miembros de la UTE responden solidaria e ilimitadamente frente a terceros.
Laura Domínguez Vega
Equipo Govertis
El pasado 3 de diciembre de 2021, la Asociación Española de Normalización (UNE) publicó la Norma UNE-EN ISO/IEC 27701:2021 Técnicas de seguridad. Extensión de las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la gestión de privacidad de la información. Requisitos y directrices. (ISO/IEC 27701:2019). Esta Norma es la versión oficial de la norma ISO/IEC 27701:2019 en español. Es una traducción muy esperada a nivel nacional y por los especialistas en privacidad de Hispanoamérica.
La Norma surge de la necesidad de las empresas de poder certificar la gestión de las obligaciones de protección de datos. Debemos de hacer referencia a las principales características de la misma:
El Reglamento 679/2016 General de Protección de Datos (RGPD) establece la obligación de cualquier entidad que actúe como responsable del tratamiento de cumplir con lo dispuesto en los principios de protección de datos y además ser “capaz de demostrarlo”. La obtención de la certificación de este estándar internacional podrá ser muy útil para demostrar la necesaria diligencia debida que exige la normativa de protección de datos. La principal ventaja de establecer el Sistema de Gestión de Privacidad de la Información conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 27701 es precisamente, reforzar frente a clientes, proveedores y, en definitiva, cualquier interesado, el compromiso de la organización con la seguridad de la información y el cumplimiento normativo en protección de datos. Para cualquier entidad, su implantación aporta un alto valor diferencial frente a sus competidores.
Santiago Cruz Roldán
Equipo Govertis
El Reglamento Europeo de Protección de Datos. Reglamento 679/2016, RGPD, en su artículo 6 establece que todo tratamiento deberá basase una de las 6 bases legitimadoras que en él se establece, siendo una de ellas el Interés Legítimo.
Pero, ¿qué es el Interés Legítimo?
Según lo que indica el RGPD en su artículo 6.f., el tratamiento de los datos personales podrá basarse en esta base legitimadora cuando “es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.”
Como en el propio artículo se indica, el tratamiento debe de suponer un beneficio o un interés para el Responsable del tratamiento o un tercero, siempre y cuando este beneficio o interés prevalezca sobre los derechos y libertades fundamentales del interesado.
¿Qué requisitos debe tener el interés legítimo para poder utilizarlo como base legitimadora?
El interés legítimo deberá ser:
Por ello, se recomienda llevar a cabo un Análisis del Interés Legítimo de manera muy detallada, que permita analizar todos estos factores y que ayude a determinar si esta base legitimadora es apta para llevar a cabo este tratamiento o se debe de optar por otra base alternativa (como el consentimiento del interesado) o por no llevar a cabo el tratamiento. Este análisis no está tasado por la normativa y, por tanto, puedes utilizar o elaborar aquél que te permita analizar correctamente estos aspectos. Eso sí, trata de ser lo más exhaustivo y riguroso posible, y argumentar mucho las conclusiones obtenidas, ya que esa será la prueba de probar que efectivamente el Interés Legítimo era una base legitimadora adecuada.
Ahora bien, este análisis no está libre de subjetividad, puesto que está realizado por el propio Responsable del Tratamiento o tercero que va a beneficiarse de llevar a cabo el tratamiento, por tanto, y a fin de tratar de mitigar esa subjetividad lo máximo posible, recomendamos que acuda a terceros ajenos para consultar su criterio (como un despacho de abogados o consultores externos), o a asociaciones de consumidores y usuarios, que permitan ofrecer esa visión más objetiva sobre el análisis realizado y el tratamiento a llevar a cabo.
Tras el análisis realizado, y una vez llegada a la conclusión de que el Interés Legítimo es la base legitimadora adecuada, ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta?
Para finalizar, recordar que esta base legitimadora es tan válida como el resto de bases legales establecidas en el RGPD, únicamente se deberá de contar con las garantías adecuadas para poder aplicarlo.
Cristina Giménez Vivancos
Equipo Govertis
Desde su entrada en vigor en 2016, y más adelante, desde el comienzo de su aplicación directa en mayo de 2018, el RGPD ha incorporado al ordenamiento jurídico europeo en materia de protección de datos el principio de “orientación al riesgo”. Esto significa que las entidades que manejen datos de carácter personal, ya sea como responsables, corresponsables o encargados de tratamiento, tienen la obligación de identificar, analizar y evaluar los riesgos que para los derechos y libertades de los interesados conllevan los distintos tratamientos de datos que realizan y, en consecuencia, aplicar medidas de mitigación o eliminación de dichos riesgos.
En aquellos casos en los que se proyecte un nuevo tratamiento de datos este análisis de riesgos va a tener que ser cualificado en función precisamente del nivel de riesgos que a priori dicho tratamiento implique. Así se consagra la figura de la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (en adelante EIPD), que, con base en el art. 35 del RGPD, deberá llevarse a cabo cuando el tratamiento, servicio o producto proyectado presente a priori un “alto riesgo” para los derechos y libertades de los interesados.
A estas alturas del artículo, el lector ya habrá advertido el entorno de “términos jurídicos indeterminados” en el que se mueven las entidades que desean cumplir con la normativa. Es por ello, que el RGPD incorpora un sistema de consulta previa a la autoridad de control para aquellos supuestos en los que, tras la EIPD, se determina que, a pesar de las medidas identificadas para eliminar, mitigar o trasladar el riesgo no son suficientes.
El art. 36 del RGPD regula la consulta previa entorno a la EIPD. estableciendo que la consulta previa procederá antes del tratamiento de datos cuando una evaluación de impacto, realizada conforme al art. 35 del RGPD, indique que el tratamiento sometido a evaluación puede entrañar un alto riesgo a pesar de las medidas identificadas en función del análisis de riesgos realizado en el seno de la EIPD. Por tanto, cuando la conclusión de la EIPD no es favorable y el tratamiento no fuese posible, existe la vía de la consulta previa a la autoridad de control.
Cabe destacar el límite temporal de la misma ya que debe realizarse antes de poner en práctica el tratamiento sometido a evaluación.
La AEPD ha precisado que »no es un trámite dirigido a ciudadanos ni a responsables que no requieran completar una EIPD. Tampoco va dirigido a responsables que hayan conseguido mitigar el riesgo tras la aplicación de las medidas oportunas. Para estos casos, la AEPD pone a su disposición medios de consulta y petición de información a través del canal del ciudadano y el del responsable, respectivamente».
Asimismo, concreta el apartado 2 del artículo 36 del RGPD que:
»Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto a que se refiere el apartado 1 podría infringir el presente Reglamento, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado suficientemente el riesgo, la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado, y podrá utilizar cualquiera de sus poderes mencionados en el artículo 58. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto. La autoridad de control informará al responsable y, en su caso, al encargado de tal prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de consulta, indicando los motivos de la dilación. Estos plazos podrán suspenderse hasta que la autoridad de control haya obtenido la información solicitada a los fines de la consulta».
El art. 36, apartado 3, del RGPD, establece la información que el tratamiento debe facilitar la siguiente información en la consulta a la autoridad de control:
Debe señalarse, que la LOPDGDD dispone en su artículo 73, letra u) que el incumplimiento de la consulta previa, en los casos previstos a tal efecto, se considera infracción grave, con un plazo de prescripción de dos años.
Pues bien, recientemente, la AEPD ha publicado la Instrucción 1/2021, de 2 de noviembre, por la que se establecen directrices respecto de la función consultiva de la Agencia, de conformidad con el RGPD, y la LOPDGDD, y el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio.
En el capítulo IV se regula la función consultiva específica, contemplada en el art. 36 del RGPD, cuando las conclusiones de una EIPD muestren que el tratamiento al que se refiere entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo, lo cual supone una ampliación de información respecto a aquella exigida en el art. 36.3 del RGPD. La información requerida para realizar la consulta incluye:
Por último, se señala que el desarrollo de la documentación de la EIPD deberá contemplar lo señalado por la AEPD en sus guías y recomendaciones, en particular, lo señalado en la guía «Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales» publicada en junio de 2021.
Daniel Murcia
Equipo Govertis
Este es un tema de Compliance; es decir, que tenemos que cumplir la ley. ¿Qué ley? En este caso es la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas”, así como el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. Hay más normas relacionadas que luego iremos comentando, pero por ahora nos centramos en estas dos.
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Resumiendo, que las Infraestructuras Críticas son los activos o elementos que dan soporte al Servicio Esencial.
Vale, pero yo sigo igual. ¿Qué son las Infraestructuras Críticas?
Las Infraestructuras Críticas son el conjunto de activos esenciales para el funcionamiento de una sociedad y de su economía y que son:
Una vez entrados en materia, destacar un detallito, esta información es secreta:
“El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de SECRETO, conferida por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007”
Por lo tanto, olvidaros de iros a las Redes Sociales a pregonar que el Servicio X, de la empresa Y, ha sido nombrado Servicio Esencial. Un poquito de mesura.
Continuamos con la Ley 8/2011. Vamos a destacar uno de los pilares fundamentales, los roles.
En cuanto a los roles, se deben crear los siguientes:
“1. Los operadores con Infraestructuras consideradas Críticas o Críticas Europeas por el Ministerio del Interior comunicarán a las Delegaciones del Gobierno o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público donde aquéllas se ubiquen, la existencia de un Delegado de Seguridad para dicha infraestructura.”
Otro de los pilares son los planes, estos se encuentran en el RD 704/2011.
De los planes que se mencionan en este RD:
Solo están bajo nuestra responsabilidad el tres y el cuatro, que es donde vamos a poner el foco.
“1. Los Planes de Seguridad del Operador son los documentos estratégicos definidores de las políticas generales de los operadores críticos para garantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de su propiedad o gestión.”
“2. En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución de su designación, cada operador crítico deberá haber elaborado un Plan de Seguridad del Operador y presentarlo al CNPIC, que lo evaluará y lo informará para su aprobación, si procede, por el Secretario de Estado de Seguridad u órgano en el que éste delegue.”
“1. Los Planes de Seguridad del Operador deberán ser revisados cada dos años por los operadores críticos y aprobados por el CNPIC. Éste podrá requerir en cualquier momento información concreta sobre el estado de implantación del Plan de Seguridad del Operador.”
“Los Planes de Protección Específicos son los documentos operativos donde se deben definir las medidas concretas ya adoptadas y las que se vayan a adoptar por los operadores críticos para garantizar la seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras críticas.”
Deben estar alineados con el PSO y contener:
“En el plazo de cuatro meses a partir de la aprobación del Plan de Seguridad del Operador, cada operador crítico deberá haber elaborado un Plan de Protección Específico por cada una de sus infraestructuras críticas así consideradas por la Secretaría de Estado de Seguridad y presentarlo al CNPIC. Igual procedimiento y plazos se establecerán cuando se identifique una nueva infraestructura crítica.”
“1. Los Planes de Protección Específicos deberán ser revisados cada dos años por los operadores críticos”
Mencionar, que para ambos planes existen unas guías de buenas prácticas donde se desarrollan todas las actividades necesarias.
Y para finalizar con este RD, destacar nuestro punto de contacto:
“El CNPIC del Ministerio del Interior, orgánicamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, tendrá el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo, y desempeñará las siguientes funciones:
Como hemos mencionado al principio, existen otras dos leyes que hay que tener en cuenta.
El 6 de julio del 2016, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2016/1148, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, conocida como la Directiva NIS (Security of Network and Information Systems).
Este Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, es la transposición de la citada Directiva NIS al ordenamiento jurídico español.
“1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.”
De esta ley destacamos dos puntos cruciales:
“Responsable de Seguridad de la Información: Persona, unidad u órgano colegiado responsable de la seguridad de la información»
Este rol es diferente de los dos anteriores.
Infracción Grave o Muy Grave (hasta 1.000.000 €)»
Este régimen sancionador se suma a los ya aplicables, como son:
Y no solo sanciones administrabas, también podemos tener sanciones penales:
Y, por último, tenemos el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Este Real Decreto profundiza en un punto primordial de la gestión de la seguridad, como es la Gestión de Incidentes.
Ya no se habla de si habrá o no habrá un incidente. Hoy en día, de lo que se habla es de cuándo se producirá un incidente y de cómo responderemos a dicho incidente.
Espero que este breve resumen os ayude a afrontar el reto de ser nombrado Servicio Esencia.
Tomás González
Equipo Govertis
El objeto de este artículo es informar de los aspectos esenciales y la conveniencia de elaborar e implantar un Plan de Prevención de Delitos (PPD) (COMPLIANCE). Aplica al sector privado y a sociedades mercantiles públicas
La nueva legislación, el criterio de la Fiscalía General del Estado y las recientes sentencias del Tribunal Supremo que ya empiezan a condenar empresas por los delitos cometidos en su seno, hacen necesarios este tipo de Planes de Prevención de Delitos.
Por muy pequeña que sea, nuestra empresa no se halla exenta de responsabilidad penal, de modo que deberemos organizarnos para implementar una gestión basada en comportamientos saludables, con el objetivo de cumplir las normas y gestionar el riesgo de forma más segura, pero también más rentable.
El compliance penal redunda en un Plan de Prevención de Delitos que nace para garantizar el respeto a la normativa y la alineación de las organizaciones con la cultura del cumplimiento, y es además un requisito indispensable para acogerse a la exención de responsabilidad que prevé el código penal en caso de comisión de un delito en el seno de entidad.
El Código Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un Plan de Prevención de Delitos.
Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público; prohibición temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades, es decir, la muerte legal de la empresa.
Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados, entre otros, los siguientes:
El más importante; evitar la imputación de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno por un comportamiento inadecuado de sus directivos o empleados. Pero también produce ventajas importantes:
La empresa:
i. Identificará las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos.
Se trata de determinar, en cada empresa, cuáles son los riesgos delictivos más frecuentes, no sólo determinar qué delitos sean los más usuales en la rama de actividad a que se dedica la empresa, sino también las actividades donde se cometen o pueden cometerse los delitos a prevenir.
Ha de considerarse como un indicador positivo el análisis de los bloques normativos que impactan en la actividad de la organización y los riesgos eventuales que de los mismos puedan derivarse, fijando una probabilidad del riesgo en cada uno de los bloques normativos y de actividades. La participación de expertos independientes, ajenos a la organización es, qué duda cabe, un aspecto positivo a valorar en el Programa de prevención
ii. Establecerán los protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y la adopción de acuerdos.
El Programa de cumplimiento y prevención debe prever esos procesos de formación de la voluntad de la persona jurídica que afecten a las actividades de la empresa potencialmente peligrosas o de riesgo, señalando qué personas (con el perfil adecuado) deben intervenir, a quien debe reportarse la información sobre los riesgos y, en todo caso, debe asegurarse que la decisión adoptada tiene el mínimo riesgo posible en la comisión de los delitos que pretenden prevenirse.
iii. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
Está claro que un Programa de prevención de los delitos necesita disponer de recursos financieros suficientes para poder atender a las necesidades del plan.
iv. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado de vigilar y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención.
Dicha obligación engarza directamente con el reporte de cumplimiento. Los cometidos de reporte no sólo se entienden como una función del órgano encargado del cumplimiento hacia el órgano de administración, sino también como una actividad hacia la función de cumplimiento, es decir, desde los empleados hacía el encargado de cumplimiento. Esto se traduce en un canal de denuncias
v.- Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
Sin el establecimiento de un sistema disciplinario que corrija los incumplimientos del programa de compliance perdería todo su sentido la propia función de compliance. Como establece la Fiscalía General del Estado, la obligación de establecer un sistema disciplinario adecuado que sancione el incumplimiento de las medidas adoptadas en el modelo presupone la existencia de un código de conducta en el que se establezcan claramente las obligaciones de los directivos y los empleados. Y lleva consigo, como correlato de la obligación, el deber de garantizar la confidencialidad en las denuncias, para lo cual son esenciales los canales de denuncia protectores para con el denunciante (Circ FGE 1/2016).
En este sentido, las acciones correctoras de los fallos detectados son esenciales y entre las medidas correctoras destacan las medidas disciplinarias oportunas en el ámbito laboral y contractual. No es admisible, por inconcebible, que un incumplimiento significativo que ponga o pueda poner en riesgo a la compañía quede impune.
Una política de tolerancia cero por parte de la organización demuestra el grado de implicación y el compromiso de la empresa con el compliance. El establecimiento de una guía disciplinaria básica, dirigida a los empleados, puede ser útil para prevenir el delito habida cuenta de que los empleados de la organización conocerán las consecuencias de la vulneración del corporate compliance.
El sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las normas contenidas en el programa de prevención debe contar con una protección del “delator”. Quiere decirse con ello que, si el empleado está obligado a denunciar las conductas irregulares de la empresa, debe protegerse al empleado que cumple su obligación, siendo así que una de las formas más interesantes en la protección del delator (empleado cumplidor-denunciante) será, sin duda, la confidencialidad de la denuncia. En definitiva, establecer canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de las mismas es una de las piezas claves del sistema de compliance de una compañía, siendo aconsejable la externalización de los sistemas o canales de denuncia, lo que incidirá positivamente en la garantía de anonimato en el denunciante.
vi.- Realizarán una modificación periódica del modelo.
Como es lógico se trata de detectar los fallos y corregirlos, de adaptarse a las circunstancias de cada momento. Es lo que se conoce con el término «monitoreo», que exige una revisión periódica para valorar la eficacia del plan; adaptarse a las novedades que se vayan produciendo dentro de la organización (por ejemplo, la presencia en nuevos mercados) y fuera de ella (fundamentalmente cambios de normativa); y salir al paso de los fallos que se hayan producido, lo que requiere una adaptación a los mismos del Programa.
En definitiva y a modo de conclusión, podemos decir que «el sello distintivo de un programa eficaz es que la organización ejerza la diligencia debida para tratar de prevenir y detectar la conducta criminal de sus empleados y otros agentes», de suerte tal que, para poder hablar de un programa eficaz, es preciso acreditar una cultura de cumplimiento dentro de la persona jurídica, dentro de la organización. Ahora bien, la existencia de la comisión de un delito pese a la implementación del Programa de cumplimiento no convierte al programa en ineficaz; la eficacia ha de ser medida por la razonabilidad del mismo en relación con las actividades de riesgo de la organización, en definitiva, el programa ha de ser eficaz para prevenir el delito, no siendo preciso que sea infalible.
Todo ello se complementa con la ISO 19601 que aglutina dichas obligaciones del Código Penal y establece un modelo de gestión que complementa las ya mencionadas exigencias legales.
Elías Vallejo
Equipo Govertis
El presente artículo pretende promover una reflexión sobre una de las cuestiones que surgen en la práctica con las Administraciones locales, y para ello recordar antes un par de conceptos.
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tienen carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. El padrón municipal, por una parte, está sujeto al ejercicio, por parte de los vecinos, de los derechos que otorga la legislación en protección de datos y, por otra parte, como información pública (en tanto obra en poder de la Administración) entra en el ámbito objetivo de la legislación de transparencia.
Como es sabido, al darnos de alta en el Padrón municipal, nuestros datos pasar a ser accesibles por el resto de las personas inscritas en la misma vivienda (mediante el certificado o volante colectivo). Si bien, puede darse el caso de que el propietario del inmueble no esté empadronado en el mismo. Entonces, ¿podría acceder a los datos de las personas empadronadas en su propiedad?
Durante la época en la que regía la LOPD, se ha establecido una suerte de consenso –lamentablemente indiscutido– sobre que la condición de propietario, sin que concurra la circunstancia de estar empadronado en la vivienda, no otorga ningún derecho a consultar quién está empadronado en la finca de la que es titular.
Uno de los comentarios más difundidos al respecto corresponde a la edición El Consultor de los Ayuntamientos (núm. 4, Editorial La Ley, 14 de marzo de 2013) y reza así: “está claro que deben denegar la petición del propietario del inmueble, pues la información solicitada de los datos del padrón afecta a la intimidad de las personas que viven en el inmueble”.
Esta postura surgió de traer a colación el que “el domicilio [¿el domicilio?] es una de las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona”, enfocando así los derechos fundamentales a la intimidad y a la privacidad. La norma sectorial de referencia es el art. 53.3 del Real Decreto 1690/1986 (Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) que dispone que los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la LOPD, la cual, a su vez, establecía que solo podrán ser comunicados a un tercero con el previo consentimiento de los afectados; es decir, de todos los inscritos en la vivienda.
Considerar al propietario del inmueble como “tercero”, por el mero hecho de no estar empadronado en la vivienda, es lo que debía de haber generado ya entonces algún tipo de contestación, toda vez que uno de los presupuestos para cursar alta en el Padrón es que el futuro vecino aporte la autorización de ese mismo propietario. El trasfondo problemático del asunto es que, una vez empadronado, el vecino puede autorizar según le plazca nuevas altas en la vivienda sin conocimiento del propietario.
Hoy en día, con la entrada en vigor del RGPD, la expedición de certificaciones y/o volantes sobre de la totalidad de las personas inscritas en un mismo domicilio, deberá estar fundamentada en alguno de los supuestos del artículo 6.1 del RGPD.
La AEPD, respondiendo a una pregunta frecuente sobre esto mismo (“¿Se puede comunicar información sobre la inscripción padronal de todas las personas inscritas en un inmueble al propietario del mismo?”) en su guía sectorial Protección de datos y Administración local (2019), limita –de manera aparentemente errónea– la posible legitimación a un único supuesto cuando dice así:
“La comunicación de datos del Padrón municipal queda limitada por el citado artículo 16.3 de la LBRL a las Administraciones públicas, por lo que atendiendo al principio de legitimación de datos del artículo 6 del RGPD, y puesto que el solicitante no ostenta tal condición, únicamente cabrá el consentimiento del afectado para el acceso a los datos del padrón en el supuesto de hecho planteado.”
Afortunadamente, el debate sigue abierto gracias a que la Autoridad Catalana de Protección de Datos emitió en 2018 su “Dictamen sobre la consulta formulada por el Delegado de protección de datos de un ayuntamiento en relación con una solicitud de un certificado de convivencia histórico de una vivienda presentada por un propietario no empadronado” (CNS 38/2018).
En ese caso concreto, el solicitante interesaba un certificado de convivencia histórico de una vivienda de la que es propietario, pero en la que nunca ha estado empadronado, para un procedimiento de desahucio. La opinión emitida por la APDCAT concluye lo siguiente:
“La normativa de protección de datos no impediría el acceso a los datos del padrón relativos a la convivencia histórica en un domicilio a petición del propietario del mismo emparado en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, siempre y cuando, una vez ponderados los derechos en juego, concurra un interés directo en el solicitante de la información y esta comunicación de información no suponga un prejuicio significativo para el derecho a la protección de datos de las personas afectadas.”
Lo que ocurre es que este dictamen suscita cuestiones adicionales.
Por un lado, opta por salir del ámbito del RGPD, cuando este permite la posibilidad de argumentar una base de legitimación distinta al consentimiento, del art. 6.1: “f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño”.
Por otro lado, además del juicio de ponderación, en este dictamen se advierte, en relación con la afectación de derechos o intereses de terceros, “la importancia de que el ayuntamiento dé traslado de la solicitud a estas personas afectadas (la persona o personas que estarían empadronadas en el domicilio), tal y como prevén los artículos 31.1 y 42 de la LTC, de modo que se pueda saber si concurre alguna circunstancia personal concreta que justifique la limitación del derecho de acceso”. Esta salvaguarda, en la práctica, podría perjudicar los intereses legítimos invocados, cuando menos por los tiempos, y en todo caso no se entiende si partimos del presupuesto lógico de que el propietario de una vivienda debería tener derecho a saber quien está inscrito en la misma.
En lo que no cabe duda del dictamen es que, para el caso de menores empadronados, “habría que valorar la posibilidad de no incluir sus datos personales en la comunicación de la información correspondiente ya que estos no parecen necesarios para lograr la finalidad del acceso”, sugiriendo incluir solo el número de menores empadronados y sus edades. Pero esto, una vez más, nos devuelve al art. 6.1.f) del RGPD.
Mientras tanto, como también señala el citado dictamen, la Ley de Bases del Régimen Local y el consecuente régimen específico de acceso a los datos del padrón municipal de habitantes no prevé, con carácter general, el acceso de los particulares no empadronados a los datos padronales de otras personas.
Andreu Yakubuv-Trembach
Equipo Govertis
A la hora de realizar una migración a la nube, las organizaciones deben establecer una estrategia y establecer una serie de factores para tener en cuenta en este proceso, como pueden ser, las necesidades organizativas y los riesgos que se asumen al subir o trasladar cargas de trabajo a la nube. Por esta razón, es importante que en una primera fase de planificación se respondan a preguntas como:
Ya sea por una decisión estratégica, ventajas tecnológicas o económicas, la seguridad es piedra angular de todo el proceso de migración. Partiendo desde la planificación, durante la propia migración y una vez que los datos, aplicaciones o procesos estén migrados. Para alcanzar el nivel de seguridad que demanda la organización y poder desplegar buenas prácticas de seguridad en la nube con garantías, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es comprender las obligaciones bajo el modelo de responsabilidad compartida, es decir, conocer qué tareas de seguridad administra el proveedor de servicios en la nube y cuales son responsabilidad del cliente.
Además, normalmente se piensa que las empresas contratan solo un proveedor de servicios en la nube y por norma general ocurre todo lo contrario, en la gran mayoría de las organizaciones el modelo que optan es el de multi nube, con lo cual toma mayor relevancia tener muy claro cuáles son las responsabilidades y obligaciones del cliente y proveedor, que permita definir una estrategia de seguridad y de cumplimiento que contemple las diferentes variables del entorno.
Por otro lado, tampoco existe un modelo de responsabilidad compartida que sea común a todos los proveedores de servicios en la nube y este modelo de responsabilidad dependerá del tipo de servicio que se adopte, es decir las responsabilidades varían en función de si la carga de trabajo está hospedada en una implementación de software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS).
Figura 1: Modelo de responsabilidad compartida de Microsoft
Como se observa en la Figura 1 cuanto más se tienda a un servicio tipo SaaS menos responsabilidad recae en una organización cliente y más sobre el proveedor de servicios, este modelo de responsabilidad es análogo a los distintos proveedores.
En un entorno IaaS el cliente tiene una responsabilidad o responsabilidad compartida de proteger y administrar el sistema operativo, la configuración de red, las aplicaciones, identidad y los datos. Para el caso que se observa en la Figura 2 de manera similar, con este proveedor de servicios en la nube, los clientes también serían responsables de la administración del sistema operativo (incluyendo parches de seguridad y actualizaciones), de cualquier utilidad o software de aplicaciones que el cliente haya instalado y de la configuración del firewall. El proveedor, en cambio, descargará la carga y responsabilidad al cliente de toda la administración de la infraestructura conformada por el hardware, software, las redes.
Figura 2: Modelo de responsabilidad compartida de AWS
En un entorno SaaS que es donde menos responsabilidad recae en el cliente, y a menudo suele ser el modelo más simple y seguro. No obstante, en este tipo de modelo el cliente sigue siendo el responsable de asegurarse de administrar los datos y clasificarlos correctamente, administrar los usuarios y los dispositivos finales.
Los proveedores de servicios en la nube ofrecen una serie de medidas de seguridad, disponibilidad y de cumplimiento, pero estos beneficios que nos proporciona el proveedor no eximen a los clientes de la responsabilidad de proteger a sus usuarios, información, aplicaciones y los servicios ofrecidos.
Es fundamental comprender los modelos de responsabilidad compartida por parte de las organizaciones que están planificando migrar a la nube, este análisis permitirá aplicar de manera eficaz las medidas y controles de seguridad y de esta manera aprovechar al máximo los servicios ofrecidos por el proveedor.
Referencias
https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
Augusto Angulo
Equipo Govertis