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El pasado 3 de diciembre de 2021, la Asociación Española de Normalización (UNE) publicó la Norma UNE-EN ISO/IEC 27701:2021 Técnicas de seguridad. Extensión de las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la gestión de privacidad de la información. Requisitos y directrices. (ISO/IEC 27701:2019). Esta Norma es la versión oficial de la norma ISO/IEC 27701:2019 en español. Es una traducción muy esperada a nivel nacional y por los especialistas en privacidad de Hispanoamérica.
La Norma surge de la necesidad de las empresas de poder certificar la gestión de las obligaciones de protección de datos. Debemos de hacer referencia a las principales características de la misma:
El Reglamento 679/2016 General de Protección de Datos (RGPD) establece la obligación de cualquier entidad que actúe como responsable del tratamiento de cumplir con lo dispuesto en los principios de protección de datos y además ser “capaz de demostrarlo”. La obtención de la certificación de este estándar internacional podrá ser muy útil para demostrar la necesaria diligencia debida que exige la normativa de protección de datos. La principal ventaja de establecer el Sistema de Gestión de Privacidad de la Información conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 27701 es precisamente, reforzar frente a clientes, proveedores y, en definitiva, cualquier interesado, el compromiso de la organización con la seguridad de la información y el cumplimiento normativo en protección de datos. Para cualquier entidad, su implantación aporta un alto valor diferencial frente a sus competidores.
Santiago Cruz Roldán
Equipo Govertis
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El Reglamento Europeo de Protección de Datos. Reglamento 679/2016, RGPD, en su artículo 6 establece que todo tratamiento deberá basase una de las 6 bases legitimadoras que en él se establece, siendo una de ellas el Interés Legítimo.
Pero, ¿qué es el Interés Legítimo?
Según lo que indica el RGPD en su artículo 6.f., el tratamiento de los datos personales podrá basarse en esta base legitimadora cuando “es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño.”
Como en el propio artículo se indica, el tratamiento debe de suponer un beneficio o un interés para el Responsable del tratamiento o un tercero, siempre y cuando este beneficio o interés prevalezca sobre los derechos y libertades fundamentales del interesado.
¿Qué requisitos debe tener el interés legítimo para poder utilizarlo como base legitimadora?
El interés legítimo deberá ser:
Por ello, se recomienda llevar a cabo un Análisis del Interés Legítimo de manera muy detallada, que permita analizar todos estos factores y que ayude a determinar si esta base legitimadora es apta para llevar a cabo este tratamiento o se debe de optar por otra base alternativa (como el consentimiento del interesado) o por no llevar a cabo el tratamiento. Este análisis no está tasado por la normativa y, por tanto, puedes utilizar o elaborar aquél que te permita analizar correctamente estos aspectos. Eso sí, trata de ser lo más exhaustivo y riguroso posible, y argumentar mucho las conclusiones obtenidas, ya que esa será la prueba de probar que efectivamente el Interés Legítimo era una base legitimadora adecuada.
Ahora bien, este análisis no está libre de subjetividad, puesto que está realizado por el propio Responsable del Tratamiento o tercero que va a beneficiarse de llevar a cabo el tratamiento, por tanto, y a fin de tratar de mitigar esa subjetividad lo máximo posible, recomendamos que acuda a terceros ajenos para consultar su criterio (como un despacho de abogados o consultores externos), o a asociaciones de consumidores y usuarios, que permitan ofrecer esa visión más objetiva sobre el análisis realizado y el tratamiento a llevar a cabo.
Tras el análisis realizado, y una vez llegada a la conclusión de que el Interés Legítimo es la base legitimadora adecuada, ¿Qué otros aspectos se deben tener en cuenta?
Para finalizar, recordar que esta base legitimadora es tan válida como el resto de bases legales establecidas en el RGPD, únicamente se deberá de contar con las garantías adecuadas para poder aplicarlo.
Cristina Giménez Vivancos
Equipo Govertis
Desde su entrada en vigor en 2016, y más adelante, desde el comienzo de su aplicación directa en mayo de 2018, el RGPD ha incorporado al ordenamiento jurídico europeo en materia de protección de datos el principio de “orientación al riesgo”. Esto significa que las entidades que manejen datos de carácter personal, ya sea como responsables, corresponsables o encargados de tratamiento, tienen la obligación de identificar, analizar y evaluar los riesgos que para los derechos y libertades de los interesados conllevan los distintos tratamientos de datos que realizan y, en consecuencia, aplicar medidas de mitigación o eliminación de dichos riesgos.
En aquellos casos en los que se proyecte un nuevo tratamiento de datos este análisis de riesgos va a tener que ser cualificado en función precisamente del nivel de riesgos que a priori dicho tratamiento implique. Así se consagra la figura de la Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (en adelante EIPD), que, con base en el art. 35 del RGPD, deberá llevarse a cabo cuando el tratamiento, servicio o producto proyectado presente a priori un “alto riesgo” para los derechos y libertades de los interesados.
A estas alturas del artículo, el lector ya habrá advertido el entorno de “términos jurídicos indeterminados” en el que se mueven las entidades que desean cumplir con la normativa. Es por ello, que el RGPD incorpora un sistema de consulta previa a la autoridad de control para aquellos supuestos en los que, tras la EIPD, se determina que, a pesar de las medidas identificadas para eliminar, mitigar o trasladar el riesgo no son suficientes.
El art. 36 del RGPD regula la consulta previa entorno a la EIPD. estableciendo que la consulta previa procederá antes del tratamiento de datos cuando una evaluación de impacto, realizada conforme al art. 35 del RGPD, indique que el tratamiento sometido a evaluación puede entrañar un alto riesgo a pesar de las medidas identificadas en función del análisis de riesgos realizado en el seno de la EIPD. Por tanto, cuando la conclusión de la EIPD no es favorable y el tratamiento no fuese posible, existe la vía de la consulta previa a la autoridad de control.
Cabe destacar el límite temporal de la misma ya que debe realizarse antes de poner en práctica el tratamiento sometido a evaluación.
La AEPD ha precisado que »no es un trámite dirigido a ciudadanos ni a responsables que no requieran completar una EIPD. Tampoco va dirigido a responsables que hayan conseguido mitigar el riesgo tras la aplicación de las medidas oportunas. Para estos casos, la AEPD pone a su disposición medios de consulta y petición de información a través del canal del ciudadano y el del responsable, respectivamente».
Asimismo, concreta el apartado 2 del artículo 36 del RGPD que:
»Cuando la autoridad de control considere que el tratamiento previsto a que se refiere el apartado 1 podría infringir el presente Reglamento, en particular cuando el responsable no haya identificado o mitigado suficientemente el riesgo, la autoridad de control deberá, en un plazo de ocho semanas desde la solicitud de la consulta, asesorar por escrito al responsable, y en su caso al encargado, y podrá utilizar cualquiera de sus poderes mencionados en el artículo 58. Dicho plazo podrá prorrogarse seis semanas, en función de la complejidad del tratamiento previsto. La autoridad de control informará al responsable y, en su caso, al encargado de tal prórroga en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud de consulta, indicando los motivos de la dilación. Estos plazos podrán suspenderse hasta que la autoridad de control haya obtenido la información solicitada a los fines de la consulta».
El art. 36, apartado 3, del RGPD, establece la información que el tratamiento debe facilitar la siguiente información en la consulta a la autoridad de control:
Debe señalarse, que la LOPDGDD dispone en su artículo 73, letra u) que el incumplimiento de la consulta previa, en los casos previstos a tal efecto, se considera infracción grave, con un plazo de prescripción de dos años.
Pues bien, recientemente, la AEPD ha publicado la Instrucción 1/2021, de 2 de noviembre, por la que se establecen directrices respecto de la función consultiva de la Agencia, de conformidad con el RGPD, y la LOPDGDD, y el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por el Real Decreto 389/2021, de 1 de junio.
En el capítulo IV se regula la función consultiva específica, contemplada en el art. 36 del RGPD, cuando las conclusiones de una EIPD muestren que el tratamiento al que se refiere entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo, lo cual supone una ampliación de información respecto a aquella exigida en el art. 36.3 del RGPD. La información requerida para realizar la consulta incluye:
Por último, se señala que el desarrollo de la documentación de la EIPD deberá contemplar lo señalado por la AEPD en sus guías y recomendaciones, en particular, lo señalado en la guía «Gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamientos de datos personales» publicada en junio de 2021.
Daniel Murcia
Equipo Govertis
Este es un tema de Compliance; es decir, que tenemos que cumplir la ley. ¿Qué ley? En este caso es la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas”, así como el Real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. Hay más normas relacionadas que luego iremos comentando, pero por ahora nos centramos en estas dos.
“A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
Resumiendo, que las Infraestructuras Críticas son los activos o elementos que dan soporte al Servicio Esencial.
Vale, pero yo sigo igual. ¿Qué son las Infraestructuras Críticas?
Las Infraestructuras Críticas son el conjunto de activos esenciales para el funcionamiento de una sociedad y de su economía y que son:
Una vez entrados en materia, destacar un detallito, esta información es secreta:
“El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de SECRETO, conferida por Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007”
Por lo tanto, olvidaros de iros a las Redes Sociales a pregonar que el Servicio X, de la empresa Y, ha sido nombrado Servicio Esencial. Un poquito de mesura.
Continuamos con la Ley 8/2011. Vamos a destacar uno de los pilares fundamentales, los roles.
En cuanto a los roles, se deben crear los siguientes:
“1. Los operadores con Infraestructuras consideradas Críticas o Críticas Europeas por el Ministerio del Interior comunicarán a las Delegaciones del Gobierno o, en su caso, al órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias estatutariamente reconocidas para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público donde aquéllas se ubiquen, la existencia de un Delegado de Seguridad para dicha infraestructura.”
Otro de los pilares son los planes, estos se encuentran en el RD 704/2011.
De los planes que se mencionan en este RD:
Solo están bajo nuestra responsabilidad el tres y el cuatro, que es donde vamos a poner el foco.
“1. Los Planes de Seguridad del Operador son los documentos estratégicos definidores de las políticas generales de los operadores críticos para garantizar la seguridad del conjunto de instalaciones o sistemas de su propiedad o gestión.”
“2. En el plazo de seis meses a partir de la notificación de la resolución de su designación, cada operador crítico deberá haber elaborado un Plan de Seguridad del Operador y presentarlo al CNPIC, que lo evaluará y lo informará para su aprobación, si procede, por el Secretario de Estado de Seguridad u órgano en el que éste delegue.”
“1. Los Planes de Seguridad del Operador deberán ser revisados cada dos años por los operadores críticos y aprobados por el CNPIC. Éste podrá requerir en cualquier momento información concreta sobre el estado de implantación del Plan de Seguridad del Operador.”
“Los Planes de Protección Específicos son los documentos operativos donde se deben definir las medidas concretas ya adoptadas y las que se vayan a adoptar por los operadores críticos para garantizar la seguridad integral (física y lógica) de sus infraestructuras críticas.”
Deben estar alineados con el PSO y contener:
“En el plazo de cuatro meses a partir de la aprobación del Plan de Seguridad del Operador, cada operador crítico deberá haber elaborado un Plan de Protección Específico por cada una de sus infraestructuras críticas así consideradas por la Secretaría de Estado de Seguridad y presentarlo al CNPIC. Igual procedimiento y plazos se establecerán cuando se identifique una nueva infraestructura crítica.”
“1. Los Planes de Protección Específicos deberán ser revisados cada dos años por los operadores críticos”
Mencionar, que para ambos planes existen unas guías de buenas prácticas donde se desarrollan todas las actividades necesarias.
Y para finalizar con este RD, destacar nuestro punto de contacto:
“El CNPIC del Ministerio del Interior, orgánicamente dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, tendrá el nivel orgánico que se determine en la correspondiente relación de puestos de trabajo, y desempeñará las siguientes funciones:
Como hemos mencionado al principio, existen otras dos leyes que hay que tener en cuenta.
El 6 de julio del 2016, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva 2016/1148, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión, conocida como la Directiva NIS (Security of Network and Information Systems).
Este Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, es la transposición de la citada Directiva NIS al ordenamiento jurídico español.
“1. El presente real decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de información utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, y establecer un sistema de notificación de incidentes.”
De esta ley destacamos dos puntos cruciales:
“Responsable de Seguridad de la Información: Persona, unidad u órgano colegiado responsable de la seguridad de la información»
Este rol es diferente de los dos anteriores.
Infracción Grave o Muy Grave (hasta 1.000.000 €)»
Este régimen sancionador se suma a los ya aplicables, como son:
Y no solo sanciones administrabas, también podemos tener sanciones penales:
Y, por último, tenemos el Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.
Este Real Decreto profundiza en un punto primordial de la gestión de la seguridad, como es la Gestión de Incidentes.
Ya no se habla de si habrá o no habrá un incidente. Hoy en día, de lo que se habla es de cuándo se producirá un incidente y de cómo responderemos a dicho incidente.
Espero que este breve resumen os ayude a afrontar el reto de ser nombrado Servicio Esencia.
Tomás González
Equipo Govertis
El objeto de este artículo es informar de los aspectos esenciales y la conveniencia de elaborar e implantar un Plan de Prevención de Delitos (PPD) (COMPLIANCE). Aplica al sector privado y a sociedades mercantiles públicas
La nueva legislación, el criterio de la Fiscalía General del Estado y las recientes sentencias del Tribunal Supremo que ya empiezan a condenar empresas por los delitos cometidos en su seno, hacen necesarios este tipo de Planes de Prevención de Delitos.
Por muy pequeña que sea, nuestra empresa no se halla exenta de responsabilidad penal, de modo que deberemos organizarnos para implementar una gestión basada en comportamientos saludables, con el objetivo de cumplir las normas y gestionar el riesgo de forma más segura, pero también más rentable.
El compliance penal redunda en un Plan de Prevención de Delitos que nace para garantizar el respeto a la normativa y la alineación de las organizaciones con la cultura del cumplimiento, y es además un requisito indispensable para acogerse a la exención de responsabilidad que prevé el código penal en caso de comisión de un delito en el seno de entidad.
El Código Penal establece penas muy importantes para las empresas que sean condenadas por algún delito cometido por sus administradores, directivos o empleados y, para poder estar exentas de responsabilidad penal, las empresas deben implantar un Plan de Prevención de Delitos.
Las penas a las que se enfrenta la empresa son: multas, que pueden llegar hasta los 9 millones de euros; inhabilitación para recibir subvenciones o contratar con el sector público; prohibición temporal para realizar actividades y otras penas que pueden llegar hasta el cierre de actividades, es decir, la muerte legal de la empresa.
Los delitos que se pueden cometer por parte de los empleados, directivos o administradores y que tienen responsabilidad penal en su empresa son muy variados, entre otros, los siguientes:
El más importante; evitar la imputación de la empresa en el caso de que se cometa un delito en su seno por un comportamiento inadecuado de sus directivos o empleados. Pero también produce ventajas importantes:
La empresa:
i. Identificará las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deban ser prevenidos.
Se trata de determinar, en cada empresa, cuáles son los riesgos delictivos más frecuentes, no sólo determinar qué delitos sean los más usuales en la rama de actividad a que se dedica la empresa, sino también las actividades donde se cometen o pueden cometerse los delitos a prevenir.
Ha de considerarse como un indicador positivo el análisis de los bloques normativos que impactan en la actividad de la organización y los riesgos eventuales que de los mismos puedan derivarse, fijando una probabilidad del riesgo en cada uno de los bloques normativos y de actividades. La participación de expertos independientes, ajenos a la organización es, qué duda cabe, un aspecto positivo a valorar en el Programa de prevención
ii. Establecerán los protocolos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y la adopción de acuerdos.
El Programa de cumplimiento y prevención debe prever esos procesos de formación de la voluntad de la persona jurídica que afecten a las actividades de la empresa potencialmente peligrosas o de riesgo, señalando qué personas (con el perfil adecuado) deben intervenir, a quien debe reportarse la información sobre los riesgos y, en todo caso, debe asegurarse que la decisión adoptada tiene el mínimo riesgo posible en la comisión de los delitos que pretenden prevenirse.
iii. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
Está claro que un Programa de prevención de los delitos necesita disponer de recursos financieros suficientes para poder atender a las necesidades del plan.
iv. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado de vigilar y velar por el buen funcionamiento del modelo de prevención.
Dicha obligación engarza directamente con el reporte de cumplimiento. Los cometidos de reporte no sólo se entienden como una función del órgano encargado del cumplimiento hacia el órgano de administración, sino también como una actividad hacia la función de cumplimiento, es decir, desde los empleados hacía el encargado de cumplimiento. Esto se traduce en un canal de denuncias
v.- Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
Sin el establecimiento de un sistema disciplinario que corrija los incumplimientos del programa de compliance perdería todo su sentido la propia función de compliance. Como establece la Fiscalía General del Estado, la obligación de establecer un sistema disciplinario adecuado que sancione el incumplimiento de las medidas adoptadas en el modelo presupone la existencia de un código de conducta en el que se establezcan claramente las obligaciones de los directivos y los empleados. Y lleva consigo, como correlato de la obligación, el deber de garantizar la confidencialidad en las denuncias, para lo cual son esenciales los canales de denuncia protectores para con el denunciante (Circ FGE 1/2016).
En este sentido, las acciones correctoras de los fallos detectados son esenciales y entre las medidas correctoras destacan las medidas disciplinarias oportunas en el ámbito laboral y contractual. No es admisible, por inconcebible, que un incumplimiento significativo que ponga o pueda poner en riesgo a la compañía quede impune.
Una política de tolerancia cero por parte de la organización demuestra el grado de implicación y el compromiso de la empresa con el compliance. El establecimiento de una guía disciplinaria básica, dirigida a los empleados, puede ser útil para prevenir el delito habida cuenta de que los empleados de la organización conocerán las consecuencias de la vulneración del corporate compliance.
El sistema disciplinario que sancione el incumplimiento de las normas contenidas en el programa de prevención debe contar con una protección del “delator”. Quiere decirse con ello que, si el empleado está obligado a denunciar las conductas irregulares de la empresa, debe protegerse al empleado que cumple su obligación, siendo así que una de las formas más interesantes en la protección del delator (empleado cumplidor-denunciante) será, sin duda, la confidencialidad de la denuncia. En definitiva, establecer canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de las mismas es una de las piezas claves del sistema de compliance de una compañía, siendo aconsejable la externalización de los sistemas o canales de denuncia, lo que incidirá positivamente en la garantía de anonimato en el denunciante.
vi.- Realizarán una modificación periódica del modelo.
Como es lógico se trata de detectar los fallos y corregirlos, de adaptarse a las circunstancias de cada momento. Es lo que se conoce con el término «monitoreo», que exige una revisión periódica para valorar la eficacia del plan; adaptarse a las novedades que se vayan produciendo dentro de la organización (por ejemplo, la presencia en nuevos mercados) y fuera de ella (fundamentalmente cambios de normativa); y salir al paso de los fallos que se hayan producido, lo que requiere una adaptación a los mismos del Programa.
En definitiva y a modo de conclusión, podemos decir que «el sello distintivo de un programa eficaz es que la organización ejerza la diligencia debida para tratar de prevenir y detectar la conducta criminal de sus empleados y otros agentes», de suerte tal que, para poder hablar de un programa eficaz, es preciso acreditar una cultura de cumplimiento dentro de la persona jurídica, dentro de la organización. Ahora bien, la existencia de la comisión de un delito pese a la implementación del Programa de cumplimiento no convierte al programa en ineficaz; la eficacia ha de ser medida por la razonabilidad del mismo en relación con las actividades de riesgo de la organización, en definitiva, el programa ha de ser eficaz para prevenir el delito, no siendo preciso que sea infalible.
Todo ello se complementa con la ISO 19601 que aglutina dichas obligaciones del Código Penal y establece un modelo de gestión que complementa las ya mencionadas exigencias legales.
Elías Vallejo
Equipo Govertis
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El presente artículo pretende promover una reflexión sobre una de las cuestiones que surgen en la práctica con las Administraciones locales, y para ello recordar antes un par de conceptos.
El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tienen carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos. El padrón municipal, por una parte, está sujeto al ejercicio, por parte de los vecinos, de los derechos que otorga la legislación en protección de datos y, por otra parte, como información pública (en tanto obra en poder de la Administración) entra en el ámbito objetivo de la legislación de transparencia.
Como es sabido, al darnos de alta en el Padrón municipal, nuestros datos pasar a ser accesibles por el resto de las personas inscritas en la misma vivienda (mediante el certificado o volante colectivo). Si bien, puede darse el caso de que el propietario del inmueble no esté empadronado en el mismo. Entonces, ¿podría acceder a los datos de las personas empadronadas en su propiedad?
Durante la época en la que regía la LOPD, se ha establecido una suerte de consenso –lamentablemente indiscutido– sobre que la condición de propietario, sin que concurra la circunstancia de estar empadronado en la vivienda, no otorga ningún derecho a consultar quién está empadronado en la finca de la que es titular.
Uno de los comentarios más difundidos al respecto corresponde a la edición El Consultor de los Ayuntamientos (núm. 4, Editorial La Ley, 14 de marzo de 2013) y reza así: “está claro que deben denegar la petición del propietario del inmueble, pues la información solicitada de los datos del padrón afecta a la intimidad de las personas que viven en el inmueble”.
Esta postura surgió de traer a colación el que “el domicilio [¿el domicilio?] es una de las facetas más singularmente reservadas de la vida de la persona”, enfocando así los derechos fundamentales a la intimidad y a la privacidad. La norma sectorial de referencia es el art. 53.3 del Real Decreto 1690/1986 (Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales) que dispone que los datos del padrón son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en la LOPD, la cual, a su vez, establecía que solo podrán ser comunicados a un tercero con el previo consentimiento de los afectados; es decir, de todos los inscritos en la vivienda.
Considerar al propietario del inmueble como “tercero”, por el mero hecho de no estar empadronado en la vivienda, es lo que debía de haber generado ya entonces algún tipo de contestación, toda vez que uno de los presupuestos para cursar alta en el Padrón es que el futuro vecino aporte la autorización de ese mismo propietario. El trasfondo problemático del asunto es que, una vez empadronado, el vecino puede autorizar según le plazca nuevas altas en la vivienda sin conocimiento del propietario.
Hoy en día, con la entrada en vigor del RGPD, la expedición de certificaciones y/o volantes sobre de la totalidad de las personas inscritas en un mismo domicilio, deberá estar fundamentada en alguno de los supuestos del artículo 6.1 del RGPD.
La AEPD, respondiendo a una pregunta frecuente sobre esto mismo (“¿Se puede comunicar información sobre la inscripción padronal de todas las personas inscritas en un inmueble al propietario del mismo?”) en su guía sectorial Protección de datos y Administración local (2019), limita –de manera aparentemente errónea– la posible legitimación a un único supuesto cuando dice así:
“La comunicación de datos del Padrón municipal queda limitada por el citado artículo 16.3 de la LBRL a las Administraciones públicas, por lo que atendiendo al principio de legitimación de datos del artículo 6 del RGPD, y puesto que el solicitante no ostenta tal condición, únicamente cabrá el consentimiento del afectado para el acceso a los datos del padrón en el supuesto de hecho planteado.”
Afortunadamente, el debate sigue abierto gracias a que la Autoridad Catalana de Protección de Datos emitió en 2018 su “Dictamen sobre la consulta formulada por el Delegado de protección de datos de un ayuntamiento en relación con una solicitud de un certificado de convivencia histórico de una vivienda presentada por un propietario no empadronado” (CNS 38/2018).
En ese caso concreto, el solicitante interesaba un certificado de convivencia histórico de una vivienda de la que es propietario, pero en la que nunca ha estado empadronado, para un procedimiento de desahucio. La opinión emitida por la APDCAT concluye lo siguiente:
“La normativa de protección de datos no impediría el acceso a los datos del padrón relativos a la convivencia histórica en un domicilio a petición del propietario del mismo emparado en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, siempre y cuando, una vez ponderados los derechos en juego, concurra un interés directo en el solicitante de la información y esta comunicación de información no suponga un prejuicio significativo para el derecho a la protección de datos de las personas afectadas.”
Lo que ocurre es que este dictamen suscita cuestiones adicionales.
Por un lado, opta por salir del ámbito del RGPD, cuando este permite la posibilidad de argumentar una base de legitimación distinta al consentimiento, del art. 6.1: “f) el tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales, en particular cuando el interesado sea un niño”.
Por otro lado, además del juicio de ponderación, en este dictamen se advierte, en relación con la afectación de derechos o intereses de terceros, “la importancia de que el ayuntamiento dé traslado de la solicitud a estas personas afectadas (la persona o personas que estarían empadronadas en el domicilio), tal y como prevén los artículos 31.1 y 42 de la LTC, de modo que se pueda saber si concurre alguna circunstancia personal concreta que justifique la limitación del derecho de acceso”. Esta salvaguarda, en la práctica, podría perjudicar los intereses legítimos invocados, cuando menos por los tiempos, y en todo caso no se entiende si partimos del presupuesto lógico de que el propietario de una vivienda debería tener derecho a saber quien está inscrito en la misma.
En lo que no cabe duda del dictamen es que, para el caso de menores empadronados, “habría que valorar la posibilidad de no incluir sus datos personales en la comunicación de la información correspondiente ya que estos no parecen necesarios para lograr la finalidad del acceso”, sugiriendo incluir solo el número de menores empadronados y sus edades. Pero esto, una vez más, nos devuelve al art. 6.1.f) del RGPD.
Mientras tanto, como también señala el citado dictamen, la Ley de Bases del Régimen Local y el consecuente régimen específico de acceso a los datos del padrón municipal de habitantes no prevé, con carácter general, el acceso de los particulares no empadronados a los datos padronales de otras personas.
Andreu Yakubuv-Trembach
Equipo Govertis
A la hora de realizar una migración a la nube, las organizaciones deben establecer una estrategia y establecer una serie de factores para tener en cuenta en este proceso, como pueden ser, las necesidades organizativas y los riesgos que se asumen al subir o trasladar cargas de trabajo a la nube. Por esta razón, es importante que en una primera fase de planificación se respondan a preguntas como:
Ya sea por una decisión estratégica, ventajas tecnológicas o económicas, la seguridad es piedra angular de todo el proceso de migración. Partiendo desde la planificación, durante la propia migración y una vez que los datos, aplicaciones o procesos estén migrados. Para alcanzar el nivel de seguridad que demanda la organización y poder desplegar buenas prácticas de seguridad en la nube con garantías, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es comprender las obligaciones bajo el modelo de responsabilidad compartida, es decir, conocer qué tareas de seguridad administra el proveedor de servicios en la nube y cuales son responsabilidad del cliente.
Además, normalmente se piensa que las empresas contratan solo un proveedor de servicios en la nube y por norma general ocurre todo lo contrario, en la gran mayoría de las organizaciones el modelo que optan es el de multi nube, con lo cual toma mayor relevancia tener muy claro cuáles son las responsabilidades y obligaciones del cliente y proveedor, que permita definir una estrategia de seguridad y de cumplimiento que contemple las diferentes variables del entorno.
Por otro lado, tampoco existe un modelo de responsabilidad compartida que sea común a todos los proveedores de servicios en la nube y este modelo de responsabilidad dependerá del tipo de servicio que se adopte, es decir las responsabilidades varían en función de si la carga de trabajo está hospedada en una implementación de software como servicio (SaaS), plataforma como servicio (PaaS) o infraestructura como servicio (IaaS).
Figura 1: Modelo de responsabilidad compartida de Microsoft
Como se observa en la Figura 1 cuanto más se tienda a un servicio tipo SaaS menos responsabilidad recae en una organización cliente y más sobre el proveedor de servicios, este modelo de responsabilidad es análogo a los distintos proveedores.
En un entorno IaaS el cliente tiene una responsabilidad o responsabilidad compartida de proteger y administrar el sistema operativo, la configuración de red, las aplicaciones, identidad y los datos. Para el caso que se observa en la Figura 2 de manera similar, con este proveedor de servicios en la nube, los clientes también serían responsables de la administración del sistema operativo (incluyendo parches de seguridad y actualizaciones), de cualquier utilidad o software de aplicaciones que el cliente haya instalado y de la configuración del firewall. El proveedor, en cambio, descargará la carga y responsabilidad al cliente de toda la administración de la infraestructura conformada por el hardware, software, las redes.
Figura 2: Modelo de responsabilidad compartida de AWS
En un entorno SaaS que es donde menos responsabilidad recae en el cliente, y a menudo suele ser el modelo más simple y seguro. No obstante, en este tipo de modelo el cliente sigue siendo el responsable de asegurarse de administrar los datos y clasificarlos correctamente, administrar los usuarios y los dispositivos finales.
Los proveedores de servicios en la nube ofrecen una serie de medidas de seguridad, disponibilidad y de cumplimiento, pero estos beneficios que nos proporciona el proveedor no eximen a los clientes de la responsabilidad de proteger a sus usuarios, información, aplicaciones y los servicios ofrecidos.
Es fundamental comprender los modelos de responsabilidad compartida por parte de las organizaciones que están planificando migrar a la nube, este análisis permitirá aplicar de manera eficaz las medidas y controles de seguridad y de esta manera aprovechar al máximo los servicios ofrecidos por el proveedor.
Referencias
https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/security/fundamentals/shared-responsibility
Augusto Angulo
Equipo Govertis
Recientemente la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) ha publicado una nueva y esperada Guía sobre las Relaciones Laborales y su impacto en la protección de datos. Esta nueva Guía hace un análisis exhaustivo de cada uno de los tratamientos de datos que podrían darse en las relaciones laborales y como abordar cada uno de los mismos: base de legitimación, deber de información, plazos de conservación etc.
Entre uno de los aspectos destacados de la Guía, la AEPD se ha pronunciado sobre cómo actuar en los procesos de selección respecto al acceso y uso de las redes sociales de los posibles candidatos a un puesto de trabajo. El objetivo de este artículo será conocer este apartado de la Guía para conocer los criterios de la autoridad de control y, de esta forma, dar pautas concretas de cómo deben actuar los responsables del tratamiento en este tema.
¿Puede acceder el empleador a las redes sociales de una persona candidata a un empleo?
“Aunque el perfil en las redes sociales de una persona candidata a un empleo sea de acceso público el empleador no puede efectuar un tratamiento de los datos obtenidos por esa vía sino cuenta para ello con una base de legitimación”
La posición de la AEPD sobre este punto es que la indagación en los perfiles de redes sociales de las personas candidatas a un empleo, sólo se justifica si está relacionada con fines profesionales, es decir, el tratamiento de los datos obtenidos por esta vía únicamente será posible cuando se demuestre que es necesario y pertinente, y por lo tanto, existe un interés legítimo suficiente para tratar estos datos. Por lo tanto, la empresa podría utilizar información de redes sociales como pudiera ser LinkedIn para evaluar la idoneidad del puesto de trabajo, pero, sin embargo, no estaría legitimado en revisar redes sociales como Facebook o Instagram destinadas a un uso más personal e íntimo.
¿Se debe informar a los interesados sobre estos extremos?
“La persona trabajadora tiene derecho a ser informada sobre ese tratamiento”
Por lo tanto, el responsable del tratamiento deberá encontrar un mecanismo adecuado para informar a los interesados sobre este tratamiento. Por ejemplo, podría incorporar el deber de información recogido en los arts. 13 y 14 del RGPD en el contenido de la publicación de la convocatoria, de modo transparente puede explicar que se comprobarán los perfiles en redes sociales profesionales para ver si cumple con los requisitos que se piden en la convocatoria, y siempre con fines profesionales.
¿Se puede solicitar amistad a un candidato de un puesto de trabajo?
“La empresa no está legitimada para solicitar <<amistad>> a personas candidatas para que estas, por otros medios, proporcionen acceso a los contenidos de sus perfiles”
Por lo tanto, en los casos en los que el interesado no tenga su perfil público, la empresa no estará legitimada para solicitar amistad a personas candidatas para que se pueda acceder al contenido de sus perfiles. Asimismo, la empresa tampoco está legitimada para solicitar a una persona trabajadora o candidata, a un empleo la información que éste comparta con otras personas a través de redes sociales.
¿Qué hacer con estos datos una vez finalizado el proceso de selección?
“Una vez concluido el proceso de selección, si la persona candidata no es contratada, desaparece la base jurídica para el tratamiento de los datos”.
Por lo tanto, si la persona candidata no es contratada, una vez finalizado el proceso de selección, desaparece la base jurídica para el tratamiento de los datos, por lo que será necesario su consentimiento para un tratamiento futuro, salvo que el empleador pueda demostrar un interés legítimo. En caso contrario deberá destruir el curriculum y proceder a la supresión y bloqueo de los datos personales.
Marcos Rubiales.
Equipo Govertis
La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado la nueva Guía para la gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamiento de datos personales, cuyo objetivo es actualizar conforme a nuevos los nuevos criterios e interpretaciones de la AEPD, el Comité europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos y unificar las guías “Guía práctica de análisis de riesgo para el tratamiento de datos personales” y la “Guía práctica para la evaluación de impacto en la protección de datos personales” publicadas por la AEPD hace tres años.
Esta Guía comienza explicando el concepto de riesgo, primero de forma genérica y luego focalizada en la protección de los datos personales, indicando que el RGPD da total libertad para la gestión del riesgo, ya que debe integrarse con el resto de los recursos de la organización de gestión de riesgos, políticas y gobernanza.
Se especifica que la gestión del riesgo no puede, en ningún caso, sustituirse por el cumplimento normativo, o por una póliza de seguros que cubra la responsabilidad de la organización en caso de que haya una infracción de la normativa de protección de datos, sino que, ante cualquier tratamiento, la organización tiene adoptar medidas técnicas y organizativas que protejan los derechos y libertades de las personas, tanto a nivel individual como social y aunque el riesgo sea escaso. Por ello esta Guía indica que “Si una entidad pretende abordar un tratamiento y no tiene la capacidad para hacer la necesaria la gestión del riesgo, estará obligada a buscar algún tipo de ayuda, como recurrir a la consultoría externa, para realizarlo de la forma apropiada”, ya que el objetivo no es sólo poder actuar ante un hecho que ocasione un perjuicio para los derechos y libertades del interesado, sino haber implementado las medidas adecuadas para poder prevenirlo. En Govertis podemos ayudarte con el cumplimiento de todas las obligaciones de la normativa de protección de datos.
La Guía analiza las fases que debe tener un proceso de gestión del riesgo, haciendo hincapié en la importancia de detallar el tratamiento que se quiere llevar a cabo, describiendo su propósito, su naturaleza, su alcance y su contexto.
Una nueva referencia que se hace en esta Guía, y que no se hacía en las anteriores de forma expresa, es la importancia que tiene la gestión de la seguridad de la información. En concreto se indica que la implementación en la organización de modelos de gestión, como el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) y de directrices como las normas ISO 27000 o el Esquema Nacional de Seguridad, además de políticas de información de la entidad y las políticas de seguridad, son medios para poder gestionar los riesgos de forma efectiva y eficaz y, de esta forma, poder considerar que los sistemas de información de la entidad cumplen con unos mínimos de seguridad que exigen estos modelos, directrices, estándares y políticas. Pero no es suficiente con esto, sino que las medidas de seguridad que se implementen en la organización tienen que revisarse continuamente dado que la actividad de tratamiento, y por ende el riesgo, puede evolucionar por diversos factores como un cambio en el contexto, factores externos, nuevas necesidades, la modificación de los medios tecnológicos utilizados etc.
Otro punto importante que aparece en esta nueva Guía, es el concepto de la “Gobernanza de los riesgos para los derechos y libertades” relacionado con el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva en el que la organización debe implementar políticas de protección de datos que se apliquen de una forma efectiva, práctica y ejecutiva en toda la organización y no se reduzcan a una mera declaración de voluntad de compromiso. Estos documentos relativos a la gestión del riesgo han de estar documentados y deberán contener unos elementos mínimos descritos en la Guía.
En el segundo capítulo se expone una metodología, en concreto unos mínimos, para la descripción del tratamiento, ya esto se considera el punto más importante para poder gestionar los riesgos de forma eficaz. Se propone realizar el estudio del tratamiento para realizar la gestión del riesgo sobre el mismo, hasta en tres niveles de detalle:
Además, se introducen dos nuevos conceptos para el cálculo del nivel del riesgo cuando hay dos o más factores de riesgo que apunten a un determinado nivel de impacto, y cuando haya dos o más indicios que apunten a un determinado nivel de probabilidad: el coeficiente de impacto acumulado y el coeficiente de probabilidad acumulado.
Al igual que la Guía de Evaluaciones de Impacto, la Guía expone una tabla de ejemplos de controles para afrontar los riesgos. Estos controles resultan muy útiles a la hora de determinar qué controles son los más adecuados en nuestro tratamiento.
La tercera sección se reserva para explicar la Evaluación de Impacto: quien la realiza, en qué momento y las excepciones a su realización por no ser legalmente necesario, así como la excepción a su realización antes del inicio de las actividades de tratamiento, por ser necesaria la revisión y adaptación en el ciclo de vida de este. Centrándonos en esta última excepción, la pregunta lógica es: si antes de la entrada en aplicación del RGPD no tenía la obligación de hacer una Evaluación de Impacto sobre un tratamiento que ya venía realizando, ¿lo tengo que hacer ahora? La propia Guía contesta a esto afirmando que, como parte de las obligaciones de responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento, es necesario que se realice esta Evaluación de Impacto si fuera necesaria.
Además, se desarrolla la exigencia relativa a la evaluación de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento, haciendo una ponderación del juicio de proporcionalidad, del juicio de necesidad y del juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Es importante tener en cuenta que el hecho de realizar esta evaluación no sustituye a la realización de la Evaluación de Impacto, ya que el objetivo de ambas es diferente. Lo que si es cierto es que, si no se puede demostrar la necesidad y la proporcionalidad de un tratamiento de alto riesgo, no se recomienda continuar con la Evaluación de Impacto o plantear una consulta previa del artículo 36 RGPD.
Un apunte que realiza la Guía, es que en los casos en los que se realice un análisis de necesidad, y la justificación se base en la exigencia de responder a una situación concreta de urgencia, el responsable tiene que vigilar que esta situación concreta de urgencia sigue estando vigente, ya que, en caso contrario, no estaría justificado seguir realizando este tratamiento.
Por último, se aborda la cuestión de las consultas previas a la AEPD cuando, tras haber realizado una EIPD, el riesgo residual resultante podría poner en riesgo los derechos y libertades de los interesados.
Como se puede observar, la AEPD ha querido compilar toda la información relativa a la gestión de los riesgos y las Evaluaciones de Impacto en una completa Guía.
Si quieres aprender más sobre la gestión de los riesgos y la evaluación de impacto, o en refrendar tus habilidades, la AEC ofrece el siguiente curso de especialización para que puedas fortalecer tus conocimientos, Taller práctico de análisis de riesgos y evaluaciones de impacto en protección de datos.
Ana Vicente Cuesta
Equipo Govertis.
La seguridad de la información y su gestión desempeñan una función especialmente relevante y estratégica para muchas organizaciones. La transformación de las tecnologías y el avance con las comunicaciones ha permitido automatizar y mejorar las actividades de negocio convirtiéndose en unos de los ejes centrales que lo sustentan.
Debido a la situación de pandemia, podemos destacar diferentes aspectos relevantes desde una posición tecnológica, por un lado, la aceleración de la transformación digital de las empresas para poder instaurar el teletrabajo, abordar la continuidad de negocio y continuar con la prestación de los servicios y, por otro lado, el aumento exponencial de ciberataques aprovechando la débil estrategia de seguridad de las organizaciones.
Es una realidad, que las compañías destinan menos recursos de los que deberían en impulsar la ciberseguridad de manera proactiva. Extraña paradoja, considerando que España es el noveno país más atacado del mundo analizando los datos proporcionados por el mapa en tiempo real de ciberamenazas de Kaspersky y que constantemente, aparecen publicaciones de empresas que sufren fuertes ciberataques de gran impacto porque el cibercrimen es un negocio muy lucrativo, con una tendencia creciente en los últimos años debido a que obtienen muchos beneficios, con lo que consiguen evolucionar los ataques a medida y consiguen nuevos “modus operandi” más agresivos.
Sin embargo, se sigue reduciendo el coste destinado a la mejora de seguridad quizás porque el campo de inversión es tan amplio que se pierde el foco de que aspectos concretos en seguridad se deben mejorar. Una posible manera de identificar las potenciales deficiencias de los sistemas de seguridad, sería invertir en la ejecución de un Plan Director de Seguridad, en adelante PDS.
Los PDS tienen como objetivo analizar el estado de la seguridad y su correspondiente nivel de madurez de las medidas de seguridad implantadas para detectar las deficiencias y proponer una planificación estratégica de seguridad en el tiempo, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa a través de proyectos para garantizar un nivel de seguridad más adecuado a las necesidades del negocio y con ello, reducir los riesgos a los que está expuesta la organización. Este plan va a marcar las prioridades, los responsables y los recursos que se van a emplear para realizar una mejora de la seguridad.
Se destacan las siete fases principales para abordar el plan:
Identificar el alcance y los objetivos estratégicos de la empresa. El alcance determinará la magnitud de los trabajos y también cuál será el foco principal de la mejora tras la aplicación del PDS. En esta fase será necesario el apoyo de la Dirección para que el proyecto esté alineado con estrategia de la empresa y se pueda disponer de suficientes recursos para poder garantizar el éxito del PDS.Siguiendo estas fases se obtiene el PDS, el cual marcará el camino personalizado a seguir para alcanzar el nivel de seguridad que la organización necesita, centrando los recursos y los esfuerzos en aquellos aspectos relevantes que han sido identificados a lo largo de las fases y que realmente necesitan una mejora de la seguridad.
Amparo Romero
Equipo Govertis
[1] Plan Director de Seguridad
[2] Ciberamenazas mapa en tiempo real
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